El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar más de 3,7 millones de euros al impulso de acciones formativas para personas desempleadas con compromiso de contratación, para que las empresas desarrollen los cursos específicos orientados a sus necesidades de contratación con el compromiso de hacer efectiva la incorporación de al menos el 40 por ciento de los participantes.
Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha anunciado que la convocatoria y la disponibilidad de créditos se publicará mañana en el Diario Oficial, habilitando el plazo de solicitud hasta el próximo 30 de noviembre.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha informado al Consejo de Gobierno de la puesta en marcha de la convocatoria, la más ambiciosa en la modalidad de personas desempleadas con compromiso de contratación, subrayando la apuesta del Ejecutivo autonómico por la Formación Profesional para el empleo como vía para la mejora de la cualificación y de las posibilidades de inserción laboral de las personas desempleadas. “Esta convocatoria está dirigida de manera directa a aquellas empresas que necesiten contratar a personas con formación específica, ya que podrán adaptar el contenido y la duración del curso a sus necesidades de incorporar plantilla”, ha explicado Patricia Franco, que ha señalado que los beneficiarios últimos de la convocatoria “serán cerca de 1.100 personas desempleadas que tomarán parte en las 70 acciones formativas que estimamos que se van a apoyar con esta convocatoria”.
La puesta en marcha de estos cursos con el apoyo del Ejecutivo autonómico recoge el compromiso del beneficiario de contratar al menos al 40 por ciento de los participantes en la acción formativa en un plazo máximo de tres meses a la finalización del curso, contrataciones con una duración mínima de seis meses a tiempo completo o bien con una jornada mínima del 50 por ciento y una duración mínima de nueve meses. En la convocatoria también se habilitan contrataciones para formación y aprendizaje, siempre que sean a jornada completa y con una duración mínima de 12 meses.
Patricia Franco ha explicado que, aunque la formación va dirigida a personas desempleadas, está permitida la participación en los cursos de un 20 por ciento de personas ocupadas, ya ha remarcado que la convocatoria recoge como prioritaria la participación en estos cursos de personas trabajadoras que se encuentren en situación de suspensión de contrato o de reducción de jornada por estar afectadas en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) derivado de la crisis sanitaria. “Es una modalidad que supone una gran oportunidad para la mejora de la inserción, porque establece un contacto directo con la empresa que puede realizar la contratación, además de que permite a las empresas participantes formar de manera natural a los refuerzos para su plantilla y a establecer una bolsa de trabajo para los picos de contratación”, ha finalizado.
