El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha resuelto la convocatoria de ayuda para la ejecución de tratamientos selvícolas en la provincia de Ciudad Real, con un importe total concedido de 5,6 millones de euros con el objetivo de mejorar las masas forestales.
El delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Fausto Marín, ha destacado que “esta convocatoria supone una importante inyección económica en pequeños municipios y a la vez fija población en las zonas rurales al ir dirigidas al sector empresarial asociado al medio forestal”. Asimismo, los tratamientos selvícolas “contribuyen a mantener en buen estado nuestra masa forestal y a la prevención de los incendios forestales”.
Para Marín se trata de una convocatoria de ayudas con gran acogida por parte del sector forestal, ya que hace posible la ejecución de los trabajos selvícolas necesarios para la mejora de las masas forestales, los cuales no serían posibles dada la baja rentabilidad de muchas de las explotaciones”, y ha recordado que en esta convocatoria por primera vez fueron incluidos los montes de utilidad pública de titularidad municipal.
Estas ayudas, tienen como finalidad principal satisfacer las demandas de la sociedad en lo relativo a bienes y servicios ambientales potenciando al mismo tiempo la cubierta forestal arbórea como medio para garantizar su funcionalidad social, protectora, productora y ecológica y que puedan permitir a sus propietarios una renta económica compatible con los principios de sostenibilidad de las masas forestales, teniendo en cuenta que estos trabajos contribuyen a la fijación de CO2.
Los costes subvencionables son los trabajos de rozas, podas, cortas y gestión de residuos, con un importe máximo subvencionable por hectárea de actuación de 2.300 euros y una ayuda máxima de 40.000 por beneficiario.
La financiación de las ayudas proviene en un 75% a cargo del programa FEADER (Programa Desarrollo Rural), siendo el resto cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en un 17,5% y la Administración General de Estado en un 7,5%.
