El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Comisionado del Reto Demográfico, ha expuesto en Navarra las medidas que desde la pasada legislatura se vienen desarrollando para hacer frente al fenómeno de la despoblación y a las que se suman la creación de la futura ley que el Ejecutivo autonómico quiere llevar a las Cortes regionales el próximo mes de abril.
Ha sido en la jornada ‘Navarra frente al reto de la despoblación’, organizada por Diario de Noticias y Prensa Ibérica, donde el responsable del Comisionado, Jesús Alique, ha enumerado la multitud de medidas desarrolladas desde el año 2016 en la región para combatir un “problema estructural” como es el de la pérdida demográfica del entorno rural. Como ejemplo de ello ha destacado la puesta en marcha de la inversión territorial integrada (ITI) para movilizar cientos de euros llegados de Europa y repercutir esa inversión en los pequeños territorios.
Alique ha recordado que, desde el primer minuto, el Gobierno de Emiliano García-Page ha trabajado por incluir el problema de la despoblación en la agenda nacional y europea. Un trabajo que se ha venido haciendo en coordinación con otras comunidades autónomas que comparten esta problemática con Castilla-La Mancha, a través del Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, “donde se suscribió la Declaración de Cuenca que sirvió de base para conseguir que el tema del Reto Demográfico fuera abordado por la Conferencia de Presidentes en enero de 2017, donde se acordó la elaboración de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, documento en el que estamos colaborando activamente con el Gobierno de España para su aprobación”.
Asimismo, el comisionado del Reto Demográfico, ha reiterado que una de las grandes reivindicaciones de Castilla-La Mancha es un nuevo modelo de financiación autonómica que cubra el coste real de los servicios “que suponen un mayor esfuerzo en regiones como la nuestra que tiene una gran dispersión geográfica”.
Ofensiva conjunta para conseguir ayudas estatales de finalidad regional
Durante su intervención en la jornada, retransmitida a través de streaming, el comisionado ha señalado el trabajo conjunto que la región viene haciendo con Aragón y Castilla y León. Las tres regiones han iniciado una “ofensiva” a través de la que se ha planteado a la Comisión Europea que en la futura normativa que regule las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional nuestras zonas con una densidad de población inferior a 12,5 hab/km2 sean consideradas como zonas con muy baja densidad de población y, por tanto, puedan acceder al régimen especial de ayudas de compensación a las actividades económicas aprobado para determinados países nórdicos.
Una región pionera legislando contra la Despoblación
Finalmente, Alique ha recordado que Castilla-La Mancha fue la primera región en conseguir un acuerdo para hacer frente al fenómeno de la pérdida demográfica aludiendo a la firma del Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha suscrito entre el Gobierno regional, los agentes sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias y los grupos de desarrollo rural en Brihuega (Guadalajara) el pasado 28 de febrero.
Un pacto que es la antesala de la futura Ley de medidas sociales, económicas y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha que está en proceso de elaboración y se espera que llegue a las Cortes regionales para su aprobación en los próximos meses.
En la jornada han intervenido expertos en la materia para debatir sobre el problema de la despoblación y generar un debate con el objetivo de avanzar y aportar posibles soluciones. Para ello se ha contado con la participación de representantes del Gobierno de Navarra, así como responsables del área de despoblación de varias comunidades autónomas como Jaime Izquierdo, comisionado para el reto demográfico de Asturias; Jeannette Segarra, directora general de la Agenda Antidespoblamiento de la Generatitat Valenciana; y Juana López Pagán, directora general de Políticas contra la Despoblación del Gobierno de España. El cierre ha corrido por cuenta de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
