A finales del pasado mes de diciembre se trasladó a la Junta de Gobierno Local un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Ciudad Real en relación a la sentencia dictada en el mes de abril por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 relativa a un procedimiento promovido por Bricorama Iberia SL contra el propio Consistorio y AKI Bricolaje SA.
La demanda se interpuso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de junio de 2016, por el que se concedió a AKI Bricolaje SA licencia de instalación y funcionamiento para edificio comercial en la calle Membrilla nº21. Tienda AKI que se inauguró el 14 de septiembre de 2016, aunque, posteriormente, volvió a inaugurarse como Leroy Merlín el 12 de noviembre de 2019, como parte de un proceso de integración de las dos cadenas, pertenecientes al grupo francés Adeo, especializado en bricolaje y acondicionamiento del hogar.
Bricorama, que ya no dispone de tienda en Ciudad Real, reclamó la nulidad de pleno derecho de un acuerdo que permitió abrir un vial por una zona verde que da acceso a la Avenida Calvo Sotelo. Alegaba que el acceso a través de esa zona verde “es nulo porque no es compatible tal uso con la propia naturaleza de la zona verde”. Aunque la superficie del vial sea limitada -apunta la sentencia-, “constituye una amenaza notoria para la protección de la zona verde, y sin procedimiento alguno que lo legitime o ampare ni generación de beneficio para la comunidad”.
El juez estimó parcialmente el recurso presentado por Bricorama y en su fallo anuló la licencia impugnada.
La sentencia fue recurrida por el Ayuntamiento de Ciudad Real ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que desestimó en mayo el recurso de apelación. El TSJCM señala que en las zonas verdes de protección del viario se contemplan “paseos de uso exclusivo peatonal o de tránsito de bicicletas y no un acceso o vial para vehículos a motor, aunque sea de una sola dirección”.
Fiscalía archivó denuncia por prevaricación
El exconcejal del Grupo Popular Pedro Martín
sacó a la luz este asunto en abril de 2017, advirtiendo de “un posible caso de
prevaricación urbanística”, y poco después los populares pusieron en caso
en manos de la Fiscalía. No obstante, en noviembre del mismo año el equipo de
Gobierno informó que
el Ministerio Fiscal acabó archivando las actuaciones relativas a la denuncia del Partido Popular.
Lo cierto es que el decreto de Fiscalía fue una bofetada al Partido Popular por utilizar la Justicia con intenciones políticas…..
Pero qué hipócrita eres:
El CGPJ alerta de que limitar sus funciones sin escuchar al Poder Judicial y a Europa menoscaba el principio de separación de poderes
Por 16 votos frente a 5, el órgano de gobierno de los jueces «lamenta profundamente que la Mesa del Congreso de los Diputados haya hecho caso omiso» a la petición cursada en diciembre.
https://www.google.com/amp/s/amp.elmundo.es/espana/2021/01/21/60096ffcfdddff8a7e8b458a.html
¡¡Los Tribunales del Pueblo (de los comisarios políticos) en las dictaduras!!
Lo cierto es que la bofetada se la llevó el PSOE en la jurisdicción contencioso administrativa.
Pero luego se pasan las sentencias por el forro y no cumplen, como han hecho con la de demolición de las construcciones ilegales de Las Casas…
Pues para 2021 El PSOE ha presupuestado más de 500.000 e para demoliciones. No sé que pensarán tirar¡¡¡¡¡¡
El paso del Leroy Merlin, alomejor.
Pues una cosa que se debe tirar y eliminar es ese infame vestigio del régimen genocida franquista, la llamada «cruz de los caidos» de la vía pública ciudarrealeña en aplicación de la ley de memoria democrática. Qué eso cuesta y no sale gratis.
Hace muchos años que desapareció cualquier vestigio en esa cruz del franquismo, a ti te gusta mucho tirar, tírate tú por un puente.
Pues alarcos