Paula Fernández Pareja. Catedrática de Física y Química jubilada.– La LOMLOE (‘ley Celaá) ya es una realidad. El Senado aprobó definitivamente el pasado día 23 por 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones la nueva norma de educación, sus detractores le achacan en primer lugar la falta de consenso en su aprobación, y si, hubiera sido deseable, pero ¿alguien piensa que hubiera sido posible con la actitud de los partidos de la oposición?
Es importante recordar que la LOMCE (ley WERT) a la que viene a sustituir esta fue una ley de partido único, sólo la aprobó el partido Popular en el gobierno y tuvo tal rechazo que dio lugar a la primera huelga general unitaria en contra de su aprobación, y fue el propio PP quien dejó en suspenso su desarrollo después de apoyarla sólo durante 3 años.
Si nos centramos ahora en la nueva ley, la LOMLOE (ley Celaá) es cierto que está suscitando polémica entre los sectores de la derecha de nuestro país, que esgrimen machaconamente la palabra LIBERTAD cuando en realidad están defendiendo PRIVILEGIOS.
Es importante analizar de forma rigurosa lo que la ley realmente DICE para desmontar la propaganda y la manipulación de que está siendo objeto y lo que la LEY NO DICE.
La nueva ley supone un salto enorme hacia un modelo educativo más contemporáneo, avanzado e inclusivo, ordena el currículo de una forma más coherente facilitando la autonomía innovadora de los centros que pueden organizar el currículo por ámbitos interdisciplinares y no sólo por el modelo más academicistas de asignaturas,, introduce contenidos como el aprendizaje digital, o la educación para el desarrollo sostenible, y algo importante ahora que todos hablan de la “España vaciada”, presta una atención muy especial a la igualdad de oportunidades en la escuela rural.
Moderniza la Formación profesional, dando cabida a la figura de los “profesores especialistas” que dará entrada a profesionales de distintos sistemas productivos.
A pesar de todo lo anterior nadie está debatiendo sobre todas estas novedades de la ley y la derecha con una campaña populista ha centrado el debate público en cuatro aspectos que esgrimen de forma machacona y manipulada para deslegitimar La ley.
- No, esta ley no pretende terminar con la educación concertada, lo que hace es reforzar la función social de la educación sostenida con fondos públicos.
Garantiza que la educación pública sea el eje vertebrador del sistema educativo (actualmente, la escolarización pública es del 67% mientras que la media de la UE alcanza el 81), esta afirmación se está utilizando de manera torticera para sacar a la calle a padres y madres de la educación concertada afirmando que el objetivo del gobierno es acabar con este tipo de centros.
Lo que dice la ley sobre la escuela concertada es que se eliminan artimañas como la de la”demanda social” de los centros concertados que introdujo el PP para crear más plazas de este tipo, cediendo incluso suelo público, si las familias lo solicitaban aun cuando hubiera plazas libres en los centros públicos del entorno. Esta medida lo único que hizo fue beneficiar a grupos empresariales ajenos a la educación. (Un ejemplo paradigmático es la Comunidad de Madrid donde las medidas puestas en marcha han supuesto un deterioro y un desprestigio de la escuela pública que dificulta el que las familias la elijan)
Se incluye además otro aspecto importante, y es que los centros sostenidos con fondos públicos no podrán cobrar cuotas a las familias por recibir enseñanzas de carácter gratuito (el cobro de estas cuotas es realmente una forma de discriminación para determinado alumnado).
Igualmente se señala en la ley que tendrán preferencia para los conciertos aquellos centros que atiendan a alumnado vulnerable, y serán las comisiones de admisión las que cuando la demanda supere a la oferta de plazas, velen por la presencia equilibrada en centros con fondos públicos del alumnado con necesidad de apoyo educativo o desfavorecido.
¿Será esto lo que no gusta a algunos detractores de la ley?
- Otro de los argumentos esgrimidos por la derecha es que la ley pretende cerrar los Centros de Educación especial, pero ¿Qué dice la ley realmente? La nueva ley concede un plazo de diez años a los centros ordinarios para que tengan los recursos necesarios para atender la escolarización del alumnado con necesidades especiales, facilitando así a las familias para que elijan la modalidad más inclusiva
Se garantiza en la ley que las administraciones prestarán apoyo a los Centros de Educación Especial para que atiendan al alumnado que requiera atención muy especializada., y para que sirvan de centros de referencia y apoyo a los centros ordinarios.
La utilización de los más vulnerables por parte de la derecha se pone de manifiesto una vez más, afirman que la ley DICE lo que no DICE, se manifiestan en la calle junto a los padres como los adalides de la libertad, de la calidad de la educación, mientras que en aquellos sitios donde gobiernan toman decisiones totalmente contrarias a lo que están diciendo defender.
Sin irnos demasiado lejos, la Presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se manifestaba para defender la educación especial, en supuesto peligro tras la aprobación de la nueva ley, mientas que se deshacía de 388 profesores y profesoras de refuerzo para alumnos con necesidades especiales, (340 son profesores de pedagogía terapéutica y 44 de audición y lenguaje).
Esos 388 profesores forman parte de los 1.117 maestros de refuerzo que se contrataron para este curso con el objetivo de acabar con las carencias derivadas de la crisis sanitaria del covid que la Comunidad de Madrid despedirá este martes 22 de diciembre. Será la única región que lo haga.
- Aseguran los detractores de la ley que el castellano desaparecerá en la educación en Cataluña, y si desaparece de la ley la adicional que introdujo la ley Wert del castellano como lengua vehicular en Cataluña, antes no aparecía en ninguna de las leyes educativas anteriores, pero esta ley es muy respetuosa con el marco constitucional ( que algunos esgrimen continuamente defender) y recoge textualmente que::” las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la constitución española, los Estatutos de autonomía y la normativa aplicable. ”
- Y por último, la enseñanza de la religión: esta ley no ataca a la religión ni a la libertad, la asignatura de religión seguirá ofertándose, pero dejará de ser computable en términos académicos y para la obtención de becas; en paralelo recoge que el profesorado que imparta esta materia deberá cumplir los requisitos de titulación exigidos para el resto de enseñanzas.
En resumen: El castellano no desaparecerá, los centros especiales no cerrarán, la educación concertada no dejará de existir y la religión seguirá siendo de oferta obligatoria en contra del argumentario repetido por la derecha durante los dos últimos meses.
