La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra que Castilla-La Mancha haya sido la segunda comunidad autónoma en la que más haya bajado el paro, por detrás de País Vasco, pero los 1.662 desempleados menos al término de noviembre no palian la destrucción de empleo producida desde el inicio de la pandemia.
Dentro de esta bajada, que deja el total de desempleados en 182.652 personas, se esconden indicadores de precariedad: el 93,3 por ciento de los contratos firmados en noviembre fueron temporales; la diferencia entre provincias, con Albacete y Cuenca perdiendo empleo; el paro femenino, que representa el 63,3 por ciento del total y la falta de diversificación que obliga a la dependencia a determinados sectores.
El balance en los once primeros meses de un año marcado por la pandemia de coronavirus es la de 12.341 empleos destruidos en un mercado laboral tremendamente precario que incide en la temporalidad, con agudas subidas y bajadas que producen importantes desequilibrios.
CSIF subraya la necesidad de generar estabilidad a través de los servicios públicos, los cuales deben situarse no sólo como motores económicos sino como garantes de la atención a los colectivos más golpeados por la crisis sanitaria.
Teniendo en cuenta el delicado momento actual, CSIF reclama al Gobierno regional responsabilidad en la gestión de los Fondos COVID percibidos por el Estado y en este sentido espera que los 41.2 millones de euros concedidos desde 2014 a CCOO, UGT y Cecam por parte del Ejecutivo autonómico que preside Emiliano García-Page sean cosa del pasado. Es más, CSIF considera que estas cantidades deberían ser reintegradas para ayudar a los sectores más vulnerables y desfavorecidos.