La Federación Regional del Taxi de Castilla-La Mancha se ha dirigido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para solicitarle que facilite ayudas directas y a fondo perdido, como ya se está haciendo con otros sectores, para paliar, en la manera de lo posible, la difícil situación que atraviesan los autónomos del sector del taxi en la región.
Desde la Federación regional han señalado en nota de prensa que las ayudas puestas en marcha tanto a nivel nacional como regional para pymes y autónomos exigen que estas hayan cesado en su actividad totalmente o bien hayan tenido una importante caída de su facturación. Para el sector del taxi el acceso a estas ayudas es muy difícil puesto que al ser un servicio esencial no han cesado totalmente la actividad pero también tienen muy difícil justificar la caída de ingresos debido a su modelo de tributación.
Durante estos últimos meses el sector del taxi ha sufrido una reducción de los servicios prestados a nivel regional en torno al 90 por ciento. Tradicionalmente, es un sector compuesto básicamente por autónomos, modelo empresarial «fundamental para la economía regional que, a menudo, se topa con tremendas dificultades para ser competitivo y hacer frente a situaciones de ilegalidad como son el intrusismo y la competencia desleal».
«El taxi castellanomanchego funciona con sus propios recursos, sin ayudas de financiación por parte de la Administración, como sí ocurre con otros modos de transporte de viajeros, lo que no es óbice para que se consigan altos estándares de disponibilidad y calidad, garantizando la movilidad de las personas en nuestra región», han señalado.
El taxi rural en Castilla La Mancha, con más de 800 licencias, es «fundamental para garantizar que cualquier persona, independientemente del estrato social al que pertenezca, pueda acceder a los servicios básicos esenciales a los que cualquier ciudadano tiene derecho, evitando, de esta manera, la despoblación de los núcleos rurales en busca de esos servicios que, en general, siempre están fuera de los mismos, contribuyendo a fijar así la población». A pesar de lo dicho, la situación actual es «crítica y crónica» en el sector desde que en el año 2012 se suprimiera el traslado en taxi de los enfermos renales a los centros de diálisis, subsistiendo una parte de los taxistas gracias a las rutas escolares complementarias que se vienen realizando.
La declaración del estado de alarma supuso una drástica reducción de la demanda de los servicios prestados por los taxistas, primero por la situación de confinamiento a la que se vio sometido el país, después por la lenta recuperación de la actividad empresarial y, actualmente, con las distintas medidas que reducen la movilidad y las limitaciones al ocio, la restauración, los espectáculos y al turismo.
