Juan Antonio Callejas Cano. Diputado nacional por Ciudad Real.- De forma habitual cuando se acomete una reforma de la ley o leyes de educación en cualquier país suele ser por dos motivos: o para corregir los errores de la existente o, porque a través de ella, se quiere regular/imponer un sistema educativo. Lógicamente estas dos opciones admiten muchos matices, pero, en mi opinión, la reducción/contraposición puede resultar esclarecedora.
Así, sin temor a exagerar, afirmamos que todas las leyes de educación que han estado vigentes en España en el período democrático han sido elaboradas y aprobadas por el PSOE si se exceptúa la LOMCE. Efectivamente, las leyes promovidas y aprobadas por el PSOE han sido: la LODE (1985) que introduce el concierto; la LOGSE (1990) que da un gran peso a las CC.AA. en materia de educación; la LOPEG (1995); la LOE (2006) de Zapatero que trajo la polémica con la Educación para la Ciudadanía; y, por último, la LOMLOE (2020) que es la que se está debatiendo en estos momentos. Por el contrario, el PP promovió la LOCE (2002) que nunca llegó a aplicarse porque fue paralizada por Zapatero en 2004 al mes de llegar al gobierno; y la LOMCE (2013), también llamada ley Wert, cuya finalidad era reformar la LOE y la LOGSE y que es la que ahora se deroga con la aprobación de la LOMLOE. Y de aquí, una somera conclusión: los aciertos o errores del sistema educativo español son obra exclusiva del PSOE.
Podría pensarse que esta nueva ley se ha planteado y se quiere para corregir los defectos que tiene nuestro sistema educativo -no en vano ocupamos, en 2019, el puesto nº 28 en matemáticas y el 25 en ciencias dentro del ranking del informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes)- pues no, de eso apenas se habla en el hoy proyecto de ley.
Los temas que más destaca este proyecto son:
1º) Se plantea su debate y aprobación en plena pandemia, sin consultar con los sectores más afectados: grupos parlamentarios, profesionales de la educación etc., es decir, sin dialogo social. Tan solo se ha consultado al Consejo Escolar del Estado que le ha dado el visto bueno por solo dos votos ¿tan urgente es su aprobación? ¿No puede esperar a que pase la pandemia y todos puedan expresar, sin problemas ni restricciones, su opinión? ¿O es más bien es una forma de utilizar el “trágala”?
2º) Es una vuelta a una ley ya fracasada -la LOE (2006)- o lo que es igual no corrige los fallos del sistema educativo sino que los repite y agranda.
3º) Elimina un concepto tan básico y fundamental como es la demanda social para crear plazas gratuitas de enseñanza ya que la distribución de los alumnos entre los colegios ha de ser hecha, según esta ley, por la administración educativa sin tener en cuenta lo que quieran los padres. Esto se traduce en que si un padre quiere que su hijo vaya a un determinado colegio -público o concertado- solo irá a ese colegio si así lo estima la Consejería de Educación de cada Comunidad Autónoma; o que si un colegio público no tiene demanda de alumnos porque a los padres no les gusta, se llene con los alumnos que habían solicitado un colegio concertado pero en el que no le dan plaza porque está vacío el colegio público ¿Es esto potenciar la calidad de la enseñanza? ¿Es esto velar por la igualdad de oportunidades? ¿Es esto favorecer que todos seamos iguales?
4º) Cercena el derecho a la elección de centro de los padres (reconocido en el artículo 27 de la Constitución), ya que estos, según esta nueva ley, no son los que eligen el centro por su calidad o por su filosofía educativa, sino que lo hace la Consejería en función de las plazas que haya vacantes. Para justificar tal entuerto se han inventado un “derecho a la educación pública” que no existe en nuestra Constitución y lo han “confundido” con un “derecho a la educación” que sí está en nuestra Constitución.
Esta confusión es, sin embargo, de mucho calado. Para que veamos el alcance de tal confusión se me ocurre recurrir a un símil: todos los ciudadanos tenemos derecho a pensar políticamente como queramos y, en función de nuestro pensamiento, nos afiliamos a un partido o a otro: el que consideramos más afín. Todos los partidos con representación parlamentaria reciben ayuda económica del Estado para cumplir la misión de garantizar el derecho al libre pensamiento que los ciudadanos tenemos. Pues bien, imagínense que un determinado gobierno dice que para cumplir con esa obligación de garantizar el libre pensamiento él solo ayuda económicamente a un solo partido y los ciudadanos que no quieran votar al partido que el gobierno designe, sino a el que a ellos les gusta y han logrado que tengan escaños con su voto, el gobierno no asignara dinero para ese partido alternativo al del gobierno. El ejecutivo que actuase así no estaría cumpliendo con el mandato constitucional y estaría dañando los derechos de los ciudadanos.
Un disparate y un atropello
Este disparate es el que el gobierno quiere hacer con la ley Celaá: El gobierno en lugar de reconocer y garantizar el derecho a la educación que tienen todos los padres y que reconoce la Constitución, y por el que pueden llevar a sus hijos al colegio que quieran, y a los que el Estado tiene la obligación constitucional de ayudar, se inventa un “derecho a la educación pública” que no existe en nuestra Constitución y, como consecuencia, aquel padre que no quiera la enseñanza pública se queda sin ayuda porque el gobierno ha decidido que a él solo le gusta la enseñanza pública. Este atropello tenemos que evitarlo y garantizar que cada padre lleve a sus hijos al colegio que mas le guste -sea público o concertado- y que lógicamente no tenga que pagar nada por ello. Sería curioso que mi vecino no paga por el colegio porque es público y yo hubiese de pagar porque es concertado ¿Dónde está la igualdad?
Por todo ello he de decir #StopLeyCelaá y animo a todos a participar en las manifestaciones con vehículos que el próximo domingo, 22 de noviembre, se van a celebrar por toda España. La de Ciudad Real partirá del Recinto Ferial a las 11:00 horas y la lectura del manifiesto será en la calle Palma.
