El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha valorado esta mañana el acuerdo adoptado en el seno del Consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea que, según ha dicho, “ha garantizado el futuro de la PAC a partir del año 2023”.
A preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa en Albacete, Martínez Arroyo ha recordado que los agricultores y ganaderos tienen la PAC asegurada para los años 2021 y 2022 con las reglas de “hoy”, ya que la nueva política no entrará en vigor hasta 2023. A partir de ahora, deberán acordarse con el Parlamento Europeo los aspectos que quedan pendientes.
Así ha destacado la importancia en la PAC del medio ambiente y los eco-esquemas que representarán alrededor del 20% de los pagos dentro del primer pilar de la PAC. En este punto ha subrayado que “lo más importante para nosotros es que va a haber flexibilidad en el cumplimiento del porcentaje, algo que era muy importante para España y para Castilla-La Mancha”.
Martínez Arroyo ha argumentado que este acuerdo “reverdece la PAC, nos da argumentos para contar esta política a los consumidores y al conjunto de la ciudadanía, y beneficia a nuestros agricultores y ganaderos”.
Por otro lado, el titular de Agricultura del Ejecutivo autonómico ha destacado que es “muy relevante para Castilla-La Mancha que el acuerdo adoptado esta madrugada en Luxemburgo incluye la prórroga de las concesiones administrativas de viñedo”, el cual se amplía hasta el año 2040, como se había pedido desde España. “Da garantía y estabilidad a un sector fundamental como es el viñedo”, ha remarcado.
Martínez Arroyo ha indicado que el acuerdo es fruto de “una buena negociación” y lo ha calificado como “un logro del Gobierno de España”. Un acuerdo en el que Castilla-La Mancha, ha dicho, “se siente muy representada”.
Ahora, ha afirmado, toca decidir de qué manera se va a aplicar a nivel nacional, aspecto que se adoptará en las reuniones entre las comunidades y el Ministerio.
Desde Castilla-La Mancha, ha recordado el consejero, “no queremos que nadie se quede atrás” y entre otras cuestiones se aboga por la convergencia en las ayudas, que todos cobren igual por lo mismo estén donde estén y que se establezca un techo por explotación.