Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Merced este jueves, patrona de las instituciones penitenciarias, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado la «precaria» situación que padecen los trabajadores de las prisiones de la región, la cual «se ha agravado enormemente» a causa de la pandemia de coronavirus.
El sindicato, en nota de prensa, expone en primer lugar «la alarmante falta de efectivos» con un total de 137 vacantes sin cubrir en los seis centros penitenciarios de la región, que concentran a 1.673 internos, y que obliga a depender de los funcionarios de prácticas de 2018 para cubrir los servicios.
«El déficit de trabajadores es patente en todos los ámbitos, pero es especialmente grave en el área de vigilancia. Nos han olvidado, el personal de vigilancia es el que está en mayor contacto directo con los internos, y por lo tanto es el más expuesto a situaciones peligrosas», ha señalado la responsable de Instituciones Penitenciarias de CSIF Castilla-La Mancha, Natalia Plaza.
Actualmente sólo hay dos funcionarios de vigilancia por un módulo integrado por 80 reclusos, y en algunos casos sólo uno cuando se le requiere para otras tareas, afirma el sindicato.
A esta «negligente carencia de trabajadores» se suma –apunta CSIF– la elevada edad de los mismos, además de que muchos compañeros acceden a la segunda actividad a partir de los 57 años.
«Nos estamos encontrando con problemas diarios para sacar el servicio, no entra personal nuevo y el que está se enfrenta a un inminente proceso de jubilación, en muchos casos anticipada por el temor al traspaso de la gestión del régimen de clases pasivas a la Seguridad Social», explica Plaza, que expone el caso particular de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), con una media de edad de 53 años y con una treintena de trabajadores con más de 60 años.
Otro de los problemas «más desconocidos» que se padecen en las cárceles es el de presos con patologías psiquiátricas, que no cuentan con los profesionales adecuados para recibir la atención que necesitan. «Hay un número muy elevado de este tipo de internos que deberían estar en hospitales psiquiátricos penitenciarios, pero sólo hay dos en España. A la habitual escasez de servicios médicos, a los que hay que agradecer la enorme labor realizada y que siguen realizando durante la pandemia, se suma que no hay profesionales específicos para estas patologías».
A ello se suma, según el sindicato, la «pésima» gestión en disponer del equipamiento adecuado para la protección del personal penitenciario y «las escasas y tardías» medidas de prevención adoptadas, además de que aún no se han realizado test de coronavirus a toda la plantilla de las prisiones castellanomanchegas a pesar de ser considerado un colectivo esencial; la paralización de las negociaciones del IV Convenio único de la Administración General del Estado; la pasividad de los responsables de Instituciones Penitenciarias ante las injurias, calumnias o amenazas de las que son víctimas los trabajadores, así como la privación de instrumentos legales que permitan el mejor mantenimiento de la seguridad y el orden, entre ellos, la consideración de agentes de la autoridad.
