Algo va mal

Los últimos datos de proyección de población que realiza el INE para el 2035, son preocupantes, y mucho más para la provincia de Ciudad Real. Que resulta la más perjudicada de las provincias de Castilla-La Mancha, con un pérdida estimada de su población del 10,5% y con un saldo neto de 51.744 habitantes menos.

Una rara conjunción de baja fertilidad, alta emigración y nula inmigración. Vamos, algo así como si en el horizonte de 15 años, la perdida poblacional provincial acumulada hiciera desaparecer una población equivalente a la ciudad entera de Puertollano.

Baste observar por otra parte, que el declive poblacional provincial no es cosa del siglo XXI, sino que se inicia con los grandes movimientos migratorios de mediados del siglo XX, como ya se ha expuesto en otras ocasiones. Y así puede exponerse que la población según el padrón de 1953 era de 587.374 habitantes. Cantidad que contrasta con los 494.128 de 2020, reflejando un perdida absoluta de 93.246 habitantes, que llegaría a los 144.990 habitantes menos en el horizonte estimado de 2035, al pasar a 442.384 habitantes.

Ante todo ello, y lejos de análisis de coyuntura y circunstancia, creo que las instituciones que nos gobiernan –tanto la Diputación Provincial como la Junta de Comunidades– tendrán algo que decir y deberían dar una explicación a la ciudadanía en trance de extinción; ya que si no, pueden llegar tan tarde como en la novela de Miguel Delibes El disputado voto del señor Cayo. Más aun, tendrán que proponer políticas convincentes y coherentes sobre el territorio y sus agrupaciones comarcanas, capaces de mitigar el declive poblacional de la conocida reiteradamente como España vacía como dijera Sergio del Molino.

Una visión que, hasta ahora, afectaba fundamentalmente a Cuenca y Guadalajara con una profusión de pequeños municipios en vías de extinción y una despoblación galopante, pero que ahora avanza a otra provincia con grandes desequilibrios poblacionales y territoriales agravándose, como es la de Ciudad Real. Tan es así que, en la vieja planificación de los Planes de Cooperación Municipal, aparecían ya las figuras específicas de los Planes de Acción Especial. Orientados a las denominadas Comarcas de Acción Especial. Comarcas como Montes Norte, Campo de Montiel o Montes Sur, que ya a mediados de los años setenta, reflejaban pérdidas poblacionales severas y caídas significativas de actividad económica, por lo que demandaban, justamente, acciones especiales.

 Por más que esos datos poblacionales citados por el INE, sean una proyección, que sólo el tiempo verificará, si que refleja una tendencia visible. Ya hemos visto la reducción de representes –concejales y diputados provinciales y pronto diputados a Cortes Generales por la caída de población de municipios, comarcas y provincias. Más allá de mesas sectoriales que estudian la despoblación de modo teórico, pocos efectos prácticos se han adivinado en los últimos años. Y eso que se ha contado –no se si se ha cuantificado– con inversiones de fondos europeos de diversa entidad, pero que a la postre han demostrado incapacidad para invertir la tendencia. Y es que, desde los lejanos Fondos de Compensación Interterritorial de 1985, pasando por los diversos Fondos europeos estructurales: desde los FEDER a los Fondos de Cohesión o a los Fondos Sociales Europeos, las inversiones no han sido capaces de frenar el efecto perseguido en su plasmación y desarrollo.

Ya en 2016, y ante la aprobación del Plan Nacional contra la Despoblación por parte del gobierno, se pudo anotar por parte del presidente de la Comisión de Despoblación de la FEMP –responsable de algunos contenidos del Plan– que “la necesidad de pasar de una vez por todas de las palabras a los hechos”, al tiempo que hacía un llamamiento al Gobierno y a las comunidades autónomas a comprometerse con esta hoja de ruta. Acción y compromiso frente a las buenas palabras que no han demostrado capacidad alguna de transformación. “No hay tiempo que perder y no valen ya las declaraciones de buenas intenciones ni seguir dispersando esfuerzos, hay que actuar de forma rápida y decidida para atajar un problema que es de primer orden y de Estado en perspectiva social, económica y cultural”. Semanas después en el mes de junio, se produjo la aprobación del Plan Nacional contra la Despoblación, por parte del Comité de Regiones en Bruselas, con el dictamen de las Comunidades Autónomas más afectadas. En octubre de 2016 se hacía público el estudio demográfico del INE, que La Tribuna citaba, en su edición del 21 de octubre, con los titulares: “La población de la provincia caerá sin freno casi dos décadas”. Todo ello en base al estudio correspondiente al periodo 2016-2031, que viene a cuadrar los datos anticipados de población estimados en ese año (494.711) frente a los contabilizados con el último estudio (494.128). Sin que esos cuatro años transcurridos se hayan dejado notar actuaciones notables, más allá de alguna mesa de estudio promovida desde la Diputación Provincial. Y la tendencia, ya mostrada en esa estimación, era claramente a la baja. Quizá esa fuera la explicación aportada por Sergio del Molino en la presentación de su trabajo La España vacía: “En los próximos 30 años vamos a ver una España mucho más vacía”, de la que ya se presentaba en su libro. Incluso esas malas noticias se reiteraban al cerrar el año (La Tribuna, 20 diciembre 2016): “93 municipios de la provincia iniciaron 2016 con menos población”. Con la coda añadida de que 24 de las 25 poblaciones mayores han reflejado un descenso, donde era revelador el caso de Puertollano, que bajaba de la barrera de los 50.000 habitantes por primera vez desde 2004.

Por ello el año 2017 (La Tribuna, 27 abril 2017) anotaba con pesar que “Ciudad Real, al borde de caer por debajo de los 500.000 vecinos”. Con subtítulos que mojaban lo ya humedecido: “Ciudad Real encadena un lustro perdiendo la población, que se sitúa al inicio de 2017 en 502.335 personales, casi las mismas de 2005”. En mayo la Unión Europea aprobaba la Estrategia regional de lucha con la despoblación, al tiempo que avalaba la Inversión Territorial Integrada (ITI) de CLM. Inversión anunciada en “490 millones para reflotar 623 municipios de la comunidad”. La distribución de los municipios a reflotar, ya nos daba una radiografía de parte del problema: dispersión de núcleos, dificultades de comunicación, escaso tamaño poblacional, envejecimiento de habitantes y dificultades de prestación de servicios. 37 municipios de Albacete, 26 de Ciudad Real, 238 de Cuenca, 262 de Guadalajara y 60 de Toledo, componían el espectro de municipios hundidos que había que reflotar. Radiografía que no ocultaba otros problemas que van de la eficacia de la gestión inversora a la utilidad social del gasto verificado. En paralelo a esos anuncios aprobatorios e inversores, se podía leer (La Tribuna, 29 mayo 2017) que “CLM pierde población a chorros”. Definición que partía de la estimación del propio gobierno regional, que consideraba que la población regional en 2031 caería un 6%, pasando de los 2,04 millones a los previstos de 1,90.

De aquella radiografía de 2017, se podía leer, ya en 2018 que Guadalajara encabezaba los desiertos demográficos españoles (La Tribuna, 30 agosto 2018). Por lo que podríamos concluir que las acciones desplegadas –desde el ITI a los planes avalados por Europa– eran juncos doblados por el viento. Incluso el dato de la pérdida –largamente anunciada, por lo ya visto– poblacional de Ciudad real era recogida por La Tribuna el 12 de diciembre. Yo mismo ensayé en el mismo medio el texto Perder ciudades, que en estas páginas se amplió a Perder ciudades, perder sentido (Miciudadreal, 13 diciembre 2018) , para dejar clara la lógica dominante del territorio y de la economía.

Por todo lo comentado, parece lógico que El País (13 febrero 2019) titulara el trabajo de Abad Liñán como “España afronta la segunda oleada de despoblación” –como si de una pandemia se tratara–, fruto de la ponderación del padrón de 2018. Donde se visualizaban particularmente los casos de Puertollano (-7,2%) y de Talavera de la Reina (-3,7%). Con tales datos poblacionales La Tribuna (6 enero 2019) había subrayado el vaciamiento de las comarcas de La Mancha y del Campo de Montiel, frente a las ligeras ganancias de la capital y sus zonas de influencia; todo ello ante la impasibilidad administrativa y la incapacidad propositiva de las actuaciones de rescate.

En esa onda se produjo el esclarecedor artículo de Jesús Regidor España rural: ¿despoblación o desatención? (El País, 30 marzo 2019), donde dejaba patente que “España dispone de una política de Estado para el medio agrario, pero no se aplica. La despoblación no es la causa sino el efecto del atraso socioeconómico y la inacción pública”. Estas circunstancias –el desequilibrio entre la ciudad y el campo, que se acrecienta y se acelera– motivaban la definición de El País (23 enero 2020): “Una España cada vez más urbana y envejecida”. El problema es que cada vez más el desequilibrio se acelera: menos territorio soportando más población y más PIB en esos reductos. Como ocurre con Madrid que con el 1,6% del territorio, representa el 19,2% del PIB nacional y el 13% de la población. El problema es que gran parte de las acciones de desarrollo rural e inversión son claramente ineficientes ante el conformismo político. Como si la despoblación fuera otra epidemia más que añadir a las que ya padecemos. Algo va mal y pocos poderes públicos proponen alternativas eficientes.

Periferia sentimental
José Rivero