La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) recuerda al Ejecutivo regional su responsabilidad con los empleados públicos de Castilla-La Mancha en la elaboración de los Presupuestos de cara al próximo año y espera que, al igual que el planteamiento del Gobierno central, no proyecte una congelación salarial, por lo que exige al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, que se pronuncie sobre este asunto.
CSIF mantiene que los empleados públicos «no pueden convertirse nuevamente en objeto de políticas de ajuste». Es más, la Central Sindical reclama la convocatoria de la Mesa General de la Función Pública en Castilla-La Mancha para abordar la mejora de las condiciones laborales y blindar los servicios públicos como única vía para frenar el coronavirus. No en vano, el sindicato incide en que la COVID-19 ha dejado al descubierto las deficiencias en recursos humanos y materiales que padecen los diferentes sectores públicos de la región.
El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, señala que “el presidente, Emiliano García-Page, debe salir al frente de las declaraciones de miembros del Gobierno central, queremos conocer su opinión sobre la posibilidad de congelar el salario de los empleados públicos, si una vez más serán los sanitarios, la policía, los bomberos, el personal de residencias, los docentes, los trabajadores de las distintas administraciones… los que estuvieron y están en primera línea frente a la COVID-19 los que pagarán los platos ratos”.
Así, y frente la materialización de la congelación salarial, Retamosa propone otras vías económicas como derogar la consolidación de altos cargos que llevó a cabo el Gobierno regional en diciembre, la cual contempla un complemento vitalicio para el personal de libre designación cuando se reincorporen a su puesto de trabajo; reducir el gasto que provoca la duplicidad de funciones en consejerías y direcciones generales, además de los asesores contratados, o poner fin de una vez por todas a las subvenciones directas a CCOO, UGT y Cecam, que desde 2014 han recibido 40,1 millones de euros de la Junta.
“En CSIF entendemos el momento complicado que afrontamos, pero si hay que hacer recortes deben realizarse en la clase política y es necesario dejar de victimizar a los más de 73.000 empleados públicos dependientes de la Administración regional”, subraya Retamosa, que recuerda que a la pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010 a nivel nacional se añade la ‘tasa Cospedal’ del 3 por ciento en Castilla-La Mancha entre 2012 y 2018.
MOVILIZACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
CSIF y UGT han anunciado hoy movilizaciones por los incumplimientos en el IV Convenio Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado en diferentes aspectos, como son el nuevo encuadramiento legal de sus funciones y las subidas salariales vinculadas al mismo.
Los retrasos en las nóminas de las 40.000 personas vinculadas a este convenio suman una horquilla de entre 357 y 1.325 euros, con efectos de 1 de enero del 2019. Además, Función Pública ha incumplido en la negociación de los procesos de cambios de régimen jurídico para el personal que realiza funciones reservadas por Ley a Funcionarios.
