Ricardo Chamorro. Diputado Nacional de VOX por la provincia de Ciudad Real. Portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y alimentación.- Los recortes para España en la Política Agraria Común son un hecho, da igual que PSOE o Podemos trate de engañar a los españoles, también es irrelevante que el consejero de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Martínez Arroyo, califique de éxito una negociación que realmente es un rotundo fracaso.
La realidad es que el recorte será del 9,6% de media por agricultor y que afectará a cerca de 700.000 explotaciones en las que las ayudas de la PAC representan el 20% o el 25% de sus ingresos.
La PAC, una política necesaria
La Política Agrícola Común ha supuesto una gran parte de los Presupuestos de la Unión a lo largo de las últimas décadas. Para muchos analistas, que se guían por las grandes cifras y sus apariencias, es un gasto excesivo en un sector económico que no es el que mayor peso tiene en el PIB. Para algunos economicistas de izquierda a derecha, es un caso de evidente ineficiencia del sector público. Para muchos políticos, considerando el escaso peso electoral de los agricultores y ganaderos, el desprecio hacia la agricultura es una realidad.
El resultado de que el mercado agrícola europeo no haya sido absolutamente abierto durante décadas ha sido que Europa ha conseguido volver a una autosuficiencia alimentaria que abandonó durante las décadas más librecambistas del siglo XIX. Durante las dos guerras mundiales los europeos pasaron hambre; la PAC fue concebida por hombres que habían vivido esa experiencia y querían evitarla en el futuro. El problema ahora mismo es más bien que ni nuestros políticos, ni nuestros periodistas, ni nuestros economistas tienen presente esa causa de la intervención pública en la economía.
Preferencia agrícola, preferencia nacional y preferencia europea no son límites a la libertad. Son tres consecuencias de una experiencia histórica: en relación con cuestiones prioritarias de interés general, como el sector agroalimentario, es necesario la regulación para evitar la competencia desleal y para garantizar la alimentación de los europeos, más allá de los beneficios a corto plazo de unos pocos, muy pocos.
La evolución de las políticas de la UE está suprimiendo de facto el mercado europeo, sustituyéndolo, con o sin disimulo, por otro mundial, favorable a los países del norte de Europa que comercializan en el mercado global sus productos industriales, dejando entrar productos agroalimentarios de países terceros que no cumplen con los mismos controles fitosanitarios ni las mismas exigencias de protección al trabajador que, por ejemplo, en España impactan en nuestra economía arruinando el sector agroalimentario a través de una competencia desleal.
No tener una política agrícola y abrir sin límites nuestros mercados a la producción extranjera es tanto como dejar en manos de grandes productores internacionales nuestra seguridad alimentaria. Tener una agricultura potente no es algo que afecte sólo a los agricultores. Todos comemos, todos vestimos, todos nos calentamos, estas necesidades han quedado más claras aun ante la crisis sanitaria mundial del COVID19; y aunque en cada una de esas necesidades podemos ser más austeros, no se trata de consumos prescindibles.
Los recortes de la PAC, las concesiones globalistas a la entrada de productos de países extracomunitarios y las exigencias hacia una demagógica transición ecológica por parte de Bruselas, ponen cada vez más difícil la supervivencia de las explotaciones agrarias y agravan la despoblación de nuestro mundo rural.
La crítica al agricultor y al ganadero
Desde la propaganda oficiosa progresista, de izquierda y derecha, se está retratando al agricultor y al ganadero como malvados receptores de ayudas públicas, empresarios privilegiados en un mundo en crisis, eternos pedigüeños, contaminantes e ineficaces gestores de su propia tarea.
El campo español ha hecho un esfuerzo modernizador mayor que el de cualquier otro sector a lo largo de las últimas décadas. Las explotaciones han hecho inversiones varias veces superiores a su valor actual en el mercado, se han adaptado a costes más altos y a precios cada vez más bajos. Se ha llegado a un límite: en muchas regiones de España la presión para que se avance más en esa dirección supone ya el abandono de los campos y el avance de la despoblación.
Nadie se atreve a valorar cuánto cuesta eso, y cuánto habrá que pagar para que otros hagan lo que los agricultores no podrán hacer ya. Unos y otros se llenan la boca de ecología, pero no se dan cuenta de que el gestor medioambiental más eficiente, el conservador de patrimonio más económico, el vigilante y montero más eficaz y el mejor conocedor de las llamadas energías renovables –lo que llaman biomasa, por ejemplo- es el agricultor.
Recortes en el agua
Emiliano García Page anuncia a bombo y platillo el fin del trasvase Tajo-Segura como un logro regional frente a Murcia, el Ministerio de Transición ecológica anuncia el fin de todos los trasvases. Lo que no dice Page es que el argumentario que justifica el fin del trasvase es la criminalización de todos los agricultores y ganaderos españoles con razones absurdas.
El objetivo del PSOE, y la agenda global que obedecen, es poner fin a los nuevos regadíos y a la tensión que provoca la expectativa del derecho al agua para la agricultura. Esto es un problema para todos los agricultores españoles, no solo para determinadas regiones, que no se engañe a los agricultores con demagogias regionalistas populistas. Si los políticos del consenso progre estuvieran realmente preocupados por la despoblación, no criminalizarían constantemente el regadío que asienta y arraiga población en el mundo rural.
Debe quedar claro, de cualquier manera, que el agua no es un problema de la agricultura. En medios urbanitas y privilegiados se está deslizando la idea de que los excesos de la España rural están convirtiendo el agua en un problema; y no es así. La agricultura y la ganadería consumen cada vez menos agua por unidad de producción, y representan un porcentaje decreciente del consumo de agua. Están cambiando, es verdad, el modo, el tiempo y el lugar de ese consumo agrícola, pero si los campesinos españoles fuesen tan egoístas como quienes los quieren convertir en chivos expiatorios podrían conformarse con un porcentaje fijo del agua de España, seguros de poder demostrar así, con el tiempo, que el problema no está en ellos.
España dispone de agua sobrada para sus necesidades presentes y futuras, pero eso requiere una adecuada gestión del recurso. Una verdadera política hídrica nacional, como pide VOX, que piense en la cohesión de España, que tenga en cuenta al mundo rural, que acabe con desigualdades regionales, que fomente el regadío como fuente de riqueza y de repoblación, que rompa el egoísmo localista y piense en el futuro del conjunto nacional.
Si no se afronta la situación con energía -la crisis agrícola y la crisis del agua, entrelazadas, pero no identificadas- los campos se abandonarán; los pueblos callarán; los bosques arderán; y se hará cierta la predicción dolorosa de José María Pemán, “sobre los campos yermos / se arrastrarán, sin lana, las ovejas / y será, contra el sol, ojo de espanto la soledad desnuda de las eras”.
Defensa desde VOX de la agricultura
Desde VOX vamos a defender tres cuestiones básicas en el ámbito agrícola.
Por un lado, que el sector vuelva a ser tratado con la dignidad y el respeto que merece, es decir con un rango institucional de preferencia nacional que reconozca la importancia primaria de su tarea, como se ha visto estos meses de crisis sanitaria. Primaria, porque al fin y al cabo comer no es una opción mientras que el ocio sí lo es, por ejemplo. Rechazamos rotundamente los recortes a la PAC, y no toleramos el engaño de los partidos del consenso y de quienes viven del tinglado, arruinando el mundo rural y acelerando la despoblación. La política hídrica nacional basada en un Plan hidrológico Nacional, que piense en el mundo rural, en las provincias, y en el sector Primario, será por lo tanto prioritaria para estructurar y cohesionar la nación.
En segundo lugar, como ya lo hicieron los fundadores de la Comunidad Económica Europea, garantizar la preferencia comunitaria frente a países terceros y que Europa mantenga un sistema agrícola productivo capaz de cumplir por sí mismo todas las tareas (alimentarias, energéticas, medioambientales y de control del territorio) que le corresponden, y que pague por ello.
En tercer lugar, si la UE no lo consigue, o si prefiere renunciar a ello a cambio de concesiones en otros sectores o al comercio global en favor de los países del norte y en detrimento de nuestra agricultura e intereses, España tendrá que ser capaz de tener a su disposición un sistema agrícola propio, una Soberanía Alimentaria que garantice nuestra independencia, con los instrumentos necesarios que haya que crear en beneficio e interés de los españoles.
