El PP de Castilla-La Mancha exige un Plan de Contingencia «claro» y un esfuerzo logístico y económico que garantice la salud y la educación para mantener los centros educativos libres de COVID ante el inicio del curso en tres semanas.
Así lo ha manifestado este jueves el senador del PP de Castilla-La Mancha Ramón Rodríguez en rueda de prensa en las Cortes regionales en la que ha mostrado su preocupación por el inicio de curso ya que en su opinión no se está «trabajando intensamente» y esto está provocando «una gran incertidumbre en la comunidad educativa».
Ha explicado que las manifestaciones de la ministra Isabel Celá provocan «confusión y desconcierto» y su dejación de funciones a las CCAA provoca desigualdad entre territorios. Además, ha expuesto, que desde la comunidad educativa le han trasmitido como el Gobierno regional está «dando bandazos» y no da instrucciones claras.
«Se están oyendo sonido de huelga y dimisiones equipos directivos que no quieren responsabilizarse de algo que no les corresponden. Lo que quieren es directrices claras», ha añadido.
En este sentido desde su partido se ha exigido un plan de contingencia claro en el que deberían ponerse de acuerdo el Ministerio de Sanidad, el de Educación y las Comunidades Autónomas. En su opinión «van tarde» ya que esto requiere un tiempo y ha manifestado que parece que las reuniones para llegar a soluciones «se han dejado para después de las vacaciones». «Es importante ponerse a trabajar, luego no vale lamentarse».
El senador ha expuesto las propuestas de su partido, que en su opinión son «el camino para abrir con seguridad los centros educativos». Estas pasan por hacer test masivos a la comunidad educativa a principio de curso y un seguimiento periódico de estos test, bajar las ratios y por consiguiente aumentar el número de docentes para mantener las distancias de seguridad y que los aspectos educativos sean gestionados por los equipos directivos de los centros, y los sanitarios, por personal de enfermería.
Para Rodríguez, sino se siguen estos pasos el inicio de curso puede ser «un desastre» porque se empezarán a dar casos en los centros cuando reabran y, a los pocos días, tendrán que volver a cerrar por detectarse casos.
Unos pasos que en sus palabras requerirán un esfuerzo logístico y económico, pero el dinero está, en su opinión, para «garantizar la salud y la educación» que son derechos recogidos en la Constitución.
