Los grupos municipales del PSOE y del PP aprobaron, entre otros asuntos del orden del día del Pleno cuyos puntos fueron todos aprobados por unanimidad, sendas mociones de contenido económico y por el desarrollo del municipio que han sido dirigidas a las diferentes administraciones públicas de las cuales dependen en última instancia.
La más cercana, la que atañe a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es la ‘Moción de apoyo a la generación de energías limpias dentro de la Agenda 2030 a través de la instalación de parques fotovoltaicos en la comarca de Puertollano y Valle de Alcudia, fuera de los límites del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona’.
En el texto se explica que consistorios de la comarca como Cabezarrubias del Puerto, Brazatortas, Almodóvar del Campo, Hinojosas de Calatrava, Mestanza y Puertollano, tienen constancia de la intención de ubicar en sus términos municipales instalaciones de energía solar fotovoltaica, colindantes entre sus términos y, sin embargo, “llevamos más de dos años preparando proyectos y consultas previas a las administraciones regional y nacional, según la capacidad de los proyectos”.
Más de dos años para abordar unas inversiones cuyo montante “no tiene precedente en esta comarca, ya que desde tiempos inmemoriales no hemos sido capaces de fijar un modelo de desarrollo basado en nuestros recursos” e incluso la inversión en el Parque Natural “ha sido ridícula o muchas veces inexistente, en conservación, infraestructuras, turismo, empleo, etc.”.
Asimismo, se recalca como “en 37 años hemos perdido en la comarca 5.179 habitantes, con una media del 33.19% y en algunos pueblos con porcentajes superiores al 60%. Algo escandaloso y difícil de explicar por parte de las administraciones que tanto apoyan la despoblación y no han planificado nada, así como los colectivos que están en contra de todo, de cualquier iniciativa, pero desde la metrópoli”.
Se lamenta en este sentido que “cuando no se vive en los pueblos se pierde la percepción de la desigualdad, simplemente porque no es lo mismo venir un rato, que vivir permanentemente”. Y, en este sentido, “alegar la figura del Parque para poner a la opinión pública en contra de estas instalaciones es de una ‘irresponsabilidad’ cuando menos, notoriamente ‘insidiosa’ para perjudicar a nuestros pueblos”.
En la moción, profusamente documentada y apoyada en Pleno, se alude también a la producción limpia de energía procedente de la radiación solar frente a la grave huella de carbonización generada por otros métodos tradicionales hoy en entredicho, recordando que la Agenda 2030 fija “objetivos de transición energética fijados por las instituciones europeas y españolas” hacia fuentes renovables como la pretendida para esta zona.
Por eso, se pide a Emiliano García-Page, al que en junio se le remitió una carta sobre esta cuestión, que su Consejería de Desarrollo Sostenible deje de usar “el conservacionismo como escudo, para evitar el desarrollo de una comarca”, algo que han podido constatar algunos alcaldes en reuniones con los técnicos de la Delegación como algunos informes recibidos por las empresas y ayuntamientos en consultas previas.
De manera que se insta al presidente de Castilla-La Mancha a “agilizar los trámites para que los técnicos de los que dependa la tramitación de los diferentes proyectos, ‘elaboren con la máxima objetividad los informes que procedan, dando prioridad y agilidad a su cumplimiento’. No es tiempo de demoras innecesarias, y las empresas no pueden esperar eternamente”.
Empleo del superávit de los ayuntamientos
Y fechas antes de que la FEMP aprobase el discutido acuerdo de cesión al Gobierno central de parte de los ahorros que los ayuntamientos han logrado en estos años, que en el caso de Brazatortas ronda el millón de euros, la Corporación municipal aprobaba también unánimemente una moción al respecto planteada por el grupo socialista.
“Los ayuntamientos que han manejado disciplinariamente sus recursos y que han generado remanentes, están dispuestos a volcarse en el apoyo y en la atención a sus municipios”, se apunta en esta otra moción, que especialmente pide la “flexibilización” de la ‘regla de gasto’.
Flexibilización que se solicita que el Gobierno de España conceda a entidades con superávit “con independencia del cumplimiento o no de los requisitos de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
Con ello se quiere dedicar estas remanentes para gastos de todo tipo derivados del COVID-19, entre ellos los de índole social destinados a colectivos vulnerables, ya se para servicios de teleasistencia, ayudas a la dependencia, atención domiciliaria, etcétera.
También los fastos relacionados con la limpieza y desinfección de vías públicas espacios públicos, edificios públicos y otras dependencias municipales, así como los que permitan conceder ayudas para garantizar el acceso a todos los suministros de primera necesidad, como agua, gas, electricidad, alquiler de vivienda, alimentación, etcétera.
Gastos vinculados al transporte público urbano, en particular ayudas a las entidades locales para compensar déficits por la reducción de este servicio, así como a los usuarios en situación de vulnerabilidad y aquellos otros relacionados con las medidas de teletrabajo o prestación de servicios a distancia desde el domicilio de los empleados del sector público local.
También gastos de adquisición de equipamiento o prestación de servicios informáticos, telemáticos o de comunicación y para los derivados de las medidas de suspensión o extinción de contratos laborales de empleados del sector público local que se hubieran adoptado como consecuencia de esta la crisis.
Muy en particular, los gastos de personal producidos como consecuencia de contrataciones temporales, horas extraordinarias, servicios extraordinarios y otros conceptos que sean consecuencia de la aplicación de las medidas anteriores.
Un uso del superávit municipal muy social para cuyo gasto, además, se insta al Gobierno de España a que no compute “a efectos de regla de gasto ni de estabilidad presupuestaria”.
La moción tiene también un contenido solidario para aquellas otras entidades locales sin superávit y que, además, se encuentran intervenidas, para que tengan la oportunidad de disponer de dos años de carencia en dicha intervención, para poder, al igual que todas las demás entidades locales, disponer de liquidez para los gastos derivados del COVID-19.
Y se solicita también el aplazamiento o demora de la deuda (incluido el Plan de Pago a Proveedores) para los ejercicios 2020 y 2021, así como la modificación del plazo de amortización de las operaciones financieras vigentes, manteniendo su importe y el principio de prudencia financiera.
“Es el momento de afrontar este reto con unidad y determinación y se hace necesaria más que nunca la solidaridad de todos, siendo innegable la colaboración de todas las administraciones públicas en apoyo de la ciudadanía, el tejido laboral y empresarial”, dice la moción y añade que “dadas las circunstancias actuales, la política social centrará la acción de las entidades locales para atender a las personas más vulnerables, que, con esta crisis sanitaria, aún estarán en una mayor posibilidad de riesgo y exclusión social”.
