La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que el Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real (SCIS) debe proceder a la convocatoria de 59 plazas para cubrir las necesidades actuales de una plantilla «escasa y que cuenta con una media de edad de entre 55 y 58 años».
En un estudio realizado sobre las necesidades de cada uno de los nueve parques de la provincia atendiendo al número de trabajadores actuales y vacantes no cubiertas en los últimos años por bajas y traslados, CSIF señala que, como mínimo, faltan 33 bomberos, 6 jefes de unidad, 3 jefes de sección, 2 jefes de parque, 2 jefes de grupo, 2 auxiliares administrativos, 2 encargados, 1 inspector, 1 administrativo y 1 conductor entre el personal laboral; y 5 cabos y 1 sargento y entre el personal funcionario. En total, 59 plazas.
En este sentido, CSIF presentó un recurso de reposición a la Oferta de Empleo Público de 16 plazas de personal laboral, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 3 de julio, por considerarla insuficiente. La Central Sindical subraya que la Oferta de Empleo Público debe contemplar 43 plazas más hasta llegar a 59, ya que en la actualidad hay parques con dotaciones de sólo dos bomberos y con tiempos de respuesta superiores a una hora. Suplir estas temerarias deficiencias supone la acumulación de cerca de 80.000 horas extra que recaen en las arcas públicas de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
Pero CSIF expone asimismo que la convocatoria debe ser de personal funcionario, ya que los bomberos realizan tareas que necesariamente conllevan acciones como agentes de la autoridad, tales como entrada a domicilios o cortes de tráfico que sólo se pueden desempeñar jurídicamente por personal funcionario.
Las funciones de bombero, con carácter general, implican el ejercicio de autoridad por llevar aparejada la intervención directa sobre personas y bienes de particulares en orden a garantizar su seguridad realizando acciones que pueden contemplar el uso de la fuerza, entrada en domicilios, decisiones sobre tráfico de vehículos… decisiones de urgencia para eliminar las situaciones de riesgo. Estas potestades públicas no pueden ser ejercidas por el personal laboral.
CSIF va un paso más allá y reclama la conversión del actual personal laboral del SCIS a personal funcionario, lo que se puede llevar a cabo sin pérdida de puestos de trabajo de bomberos, retribuciones ni derechos de los trabajadores. Es más, en un estudio presentado por el sindicato este paso supondría un notable ahorro.
A nivel nacional existen un elevado número de pronunciamientos judiciales en la dotación de parques de bomberos con funcionarios.
