Un total de 32.035 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia, según datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales en los primeros seis meses del año. En el caso de Castilla-La Mancha fueron 1.116 los que fallecieron en lista de espera, 652 en el llamado «limbo de la dependencia» y 464 lo hicieron en el referido periodo de tiempo pendientes de valorar.
Esto supone que cada ocho minutos –176 personas al día–, un dependiente muere a la espera de poder recibir las ayudas que prevé la ley, según ha denunciado este lunes la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Según la entidad, el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado «ni en un solo euro», la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia y «se está abandonando sin atenciones a las 392.526 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento».
Según el MoMo elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales en el que se analiza la mortalidad de las personas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) y teniendo en cuenta los datos de los seis primeros meses 118.357 personas en situación de dependencia han fallecido en España –28.410 más que en el mismo periodo del año pasado–. De ellas, 20.413 estaban pendientes de recibir las prestaciones o servicios que les correspondían por derecho y 11.622 pendientes de valorar.
Casi la mitad (48%) de los dependientes beneficiarios del SADD que fallecieron en este año vivían en residencias –46.542 residentes, 18.022 fallecidos más que el primer semestre del año pasado–. De las 97.944 beneficiarias del SAAD que fallecieron en este año,28.520 tenían la prestación de residencias –un 29%– y unos 18.247 tenían una prestación vinculada al servicio residencial –19%–.
En los tres meses del confinamiento, entre marzo y mayo de 2020, se pueden destacar estas conclusiones el 4,4% de los solicitantes del SAAD fallecieron entre marzo y mayo –81.232 personas fallecidas–, lo que representa un incremento del 61% de la mortalidad esperada. Por rangos de edad, el 83% de las personas fallecidas en exceso tenía 80 o más años. El mayor impacto se observa en las personas con grado III, en la que la tasa de fallecidos se duplica y sube hasta el 9%.
El exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación en estos tres meses fue del 80%, siendo el exceso de mortalidad de abril (137%) muy superior al de marzo (68%) y al de mayo (37%). La tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas se situó en un 5,2% de las personas beneficiarias.
Por territorios, la mortalidad en personas dependientes tiene una «enorme variabilidad». La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el conjunto nacional se sitúa en 5,2% para el periodo marzo-mayo, si bien en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha alcanzan el 8% de fallecidos atendidos mientras que en Melilla y La Rioja se sitúan en torno al 2% de fallecidos.
Las comunidades autónomas en las que se registró un mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias fueron en la Comunidad de Madrid (exceso del 196% con 7.307 personas fallecidas superior a lo esperado), Castilla La Mancha (exceso del 174%, con 3.060 fallecidos superior a lo esperado) y Cataluña (exceso del 119%, con 6.162 fallecidos superior a lo esperado). Por otro lado, Las CC.AA. en las que se registró un exceso de mortalidad menor fueron Murcia (exceso del 16%, con 150 personas fallecidas superior a lo esperado) Andalucía (exceso del 21%, con 1.186 fallecidos) y Asturias (exceso del 26% con 207 fallecidos).
La asociación ha puesto el énfasis en elevado impacto en la mortalidad en personas con atención en residencia, con un exceso de fallecimientos de 17.922 personas más de lo esperado (exceso de mortalidad del 151%, el 7,4% del total de personas dependientes atendidas en residencia). De esta forma, de las 57.469 personas beneficiarias con prestación fallecidas durante los meses de marzo-mayo de 2020, 29.795 eran personas beneficiarias con prestación en residencia.
La tasa de personas dependientes fallecidas en residencias fue del 12,3%. Por comunidades autónomas, las mayores tasas se registraron en la Comunidad de Madrid (22% personas dependientes con prestación en residencia fallecidas), Castilla-La Mancha (17% personas dependientes con prestación en residencia fallecidas) y Cataluña (16% personas dependientes con prestación en residencia fallecidas).
Las menores tasas de dependientes con prestación en residencia fallecidas se recogieron en La Rioja (4,3% personas dependientes con prestación en residencia fallecidas), Canarias (5% personas dependientes con prestación fallecidas) y Andalucía (7% personas dependientes con prestación en residencia fallecidas).
Ante estos datos, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales considera que «es preciso adoptar medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país» y urge a incrementar la financiación de la Dependencia, además de modificar la ley para permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades».
Asimismo, consideran que los gobiernos autonómicos deben acometer reformas necesarias que agilicen los trámites como simplificar los procedimientos, y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento «avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecución y puesta en marcha de las prestaciones».
De no hacerlo, según han indicado los directores y gerentes, «serán responsables del sufrimiento y desatención de las personas en situación de dependencia, especialmente de las 176 personas que fallecen cada día a la espera de algún procedimiento de la Ley».
