El Gobierno de Castilla-La Mancha ha propuesto una batería de medidas para luchar contra la ocupación ilegal, ya que como ha destacado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, “es imprescindible impulsar cambios legislativos que articulen mecanismos legales ágiles que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda”.
Así lo ha puesto de manifiesto el responsable de Fomento durante su intervención en el Debate General en torno a la problemática de las ocupaciones ilegales que se ha acogido el Pleno de las Cortes regionales.
De esta manera, Hernando ha explicado como “la ocupación ilegal nada tiene que ver con el enorme drama que demasiadas familias en nuestro país han sufrido durante la última década por culpa de la crisis económica”, sino que “es todo lo contrario”, ya que “es el aprovechamiento ilícito, es usurpación de los bienes que tanto esfuerzo le han costado a las familias trabajadoras”. Por eso, ha remarcado, “tiene un absoluto rechazo de la comunidad, y lejos de contar con el apoyo, va a encontrarse con toda la oposición por parte de las administraciones públicas”.
Así, entre las medidas propuestas están la denegación de las inscripciones en el padrón municipal de quienes estén ocupando ilegalmente y que las comunidades de vecinos, ayuntamientos u otras instituciones puedan interponer denuncias por ocupación ilegal ya que “estamos ante un delito que no solo afecta al derecho de propiedad privada, sino que está generando un importante perjuicio social, deteriorando la convivencia de la propia comunidad de vecinos, del barrio y del municipio”, ha asegurado Hernando.
Además, el consejero de Fomento ha propuesto el aumento de los años de la prescripción del tipo de la usurpación; la modificación del Código Penal para endurecer las penas a los autores del delito de ocupación ilegal; o la puesta en marcha de una Fiscalía ‘Antiokupas’.
Asimismo, y junto con estos cambios normativos, Hernando ha puesto de manifiesto la necesidad de que los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado “cuenten con los efectivos y con los recursos necesarios para poder aplicarlos”. De este modo, ha explicado como “durante la última etapa del Partido Popular se perdieron casi 15.000 efectivos en seis años, o que la Guardia Civil perdiera un 7 por ciento de la plantilla” y lo ha contrapuesto a la aprobación el 21 de julio de una oferta pública de 2.154 puestos para la Guardia Civil y 2.491 puestos para el Cuerpo Nacional de Policía.
Además, el consejero de Fomento ha remarcado como “desde el Gobierno de Emiliano García-Page, hemos puesto en lo más alto de nuestras prioridades luchar contra la ocupación ilegal”, pese a que “la Junta no cuenta con las herramientas competenciales para abordar este problema de manera unilateral”.
De esta manera, Hernando ha explicado cómo se está “en primer lugar, aplicando una política de ‘tolerancia cero’ en nuestro patrimonio de viviendas y, en segundo lugar, coordinándonos y apoyando a la Federación de Municipios y Provincias, a los ayuntamientos, a la Administración judicial, y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Medidas del Gobierno regional
Asimismo, el Gobierno regional ha puesto en marcha un Plan Social de Ingresos Patrimoniales, que promueve “la eficacia, la eficiencia y un uso adecuado del patrimonio público de viviendas garantizando que las personas adjudicatarias puedan vivir lo más dignamente posible”, ha afirmado el consejero de Fomento que además ha destacado que “no es una mera declaración de intenciones, ya que hablamos de un programa, dotado presupuestariamente, que cuenta con un equipo multidisciplinar cualificado y que, realiza una intervención ‘in situ’ en todas las promociones de vivienda de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.
Además, Hernando ha explicado que “desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hemos apostado por una política de coordinación, colaboración, y de entendimiento con el resto de administraciones y actores implicados como puedan ser la Delegación de Gobierno, los Ayuntamientos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las entidades bancarias, manteniendo reuniones periódicas con estas instituciones.
Fruto de estas reuniones, “desde el primer día de la legislatura, junto con la FEMP estamos elaborando un censo de viviendas ocupadas ilegalmente en Castilla-La Mancha” y “trabajamos con los grandes tenedores de vivienda, entidades financieras, y fondos de inversión, para impulsar programas de movilización de viviendas vacías, con el fin de ofrecerlas a particulares en régimen de compra o alquiler con precios asequibles, cumpliendo así con la función social que debe tener la vivienda”, ha dicho.
En este sentido, Hernando ha señalado que “las entidades financieras y los fondos de inversión deben asumir un papel determinante en el esfuerzo común”. Al respecto, ha pedido “que denuncien todos los casos, y que asuman que antes que tener una vivienda vacía es mejor ofrecer un alquiler asequible”.
En definitiva, ha concluido Hernando, “nuestro trabajo en relación con la ocupación ilegal, no se remite únicamente a las áreas cuya competencia nos ha sido legalmente atribuida, se extiende a un diálogo constante con todos aquellos actores que pueden ayudarnos a garantizar que tanto el derecho a la propiedad privada como la protección social para aquellas personas que la necesitan, se materialicen contribuyendo a construir entre todas y todos, una sociedad mejor”.
