El interventor general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Martín Cabeza, ha destacado hoy que el Tribunal de Cuentas recoge en su informe sobre la actividad económico-financiera del sector público regional en el ejercicio 2017 que ésta se ajustó a la legalidad y a las normas aplicables.
Así lo ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos que se ha celebrado esta mañana en las Cortes regionales, al objeto de informar sobre el informe anual de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, correspondiente al ejercicio 2017, que fue aprobado por el Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas, tal como ha explicado el interventor general, realiza un informe anualmente sobre toda la actividad económico-financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como órgano de control externo, dependiente de las Cortes Generales, una vez que en 2013 se suprimió la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha.
El informe analiza de una forma exhaustiva toda la actividad económico-financiera que realiza la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus organismos autónomos, las entidades públicas dependientes, así como todas las empresas públicas y fundaciones públicas que forman parte del sector público regional.
Durante su intervención, Martín Cabeza ha señalado que para realizar esta actividad de fiscalización el Tribunal de Cuentas toma como base para sus trabajos la Cuenta General de 2017, que fue remitida al Tribunal Constitucional por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas dentro del plazo establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
Del análisis de esa Cuenta General de 2017 el Tribunal de Cuentas concluye que la actividad económica y financiera del sector público regional se ajustó a la legalidad y a las normas aplicables.
Además, el Tribunal de Cuentas realiza algunas observaciones, que en su mayoría son de carácter menor, como puede suceder en la práctica totalidad de la actividad de las administraciones públicas, ha indicado Martín Cabeza.
En cuanto a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de 2017, Martín Cabeza ha resaltado que algunas de ellas se han ido cumpliendo en los siguientes ejercicios, tal como recoge el Tribunal de Cuentas en sus informes. “La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha trabaja siempre con la intención de seguir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas”, ha incidido sobre esta cuestión.
Finalmente, el interventor general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha resaltado que el pago a proveedores en el año 2017 se realizó todos los meses dentro del plazo legal establecido, sin superar ningún mes los 20 días.
