Este sábado, 4 de julio, entrará en vigor la Ley 3/2020 que modifica la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que determina que el Consejo Consultivo solo será consultado en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que tramite la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o las entidades locales de la región cuando la cuantía sea superior a los 15.001 euros.
Así consta en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha que publica dicha ley y recoge Europa Press, en la que se explica que hasta la modificación del artículo 142.3 de la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no resultaba preceptiva la intervención de este órgano en los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados por entidades locales de la región al no existir un precepto legal, ni en la Ley 30/1992, ni en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, que obligara a ello.
Pero, tras la nueva redacción dada al artículo 142.3 de la Ley 30/1992, el precepto pasó a establecer expresamente la obligación de solicitar en el procedimiento general el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas fueran de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se estableciera en la correspondiente legislación autonómica, resultando dicho artículo aplicable a las entidades locales al estar incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1992.
A raíz de esta modificación, el propio Pleno del Consejo Consultivo acordó en enero de 2012 un nuevo criterio que establecía que su dictamen debía ser solicitado en los expedientes de reclamaciones de responsabilidad patrimonial tramitados por las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha en cuantía superior a 601 euros.
«Todo lo anterior ha motivado que el número de expedientes de responsabilidad patrimonial que se dictaminan se venga incrementado cada año hasta llegar a suponer en 2019 casi el 78% del total de los asuntos dictaminados», ha alegado el Consejo Consultivo, para quien esta situación ha provocado «un fuerte incremento de la carga de trabajo que sobrepasa los medios personales de que dispone el órgano, lo que viene ocasionando un retraso en la emisión en plazo de sus dictámenes».
De ahí que haya considerado conveniente elevar la cuantía mínima de los expedientes de responsabilidad patrimonial tramitados por la Administración regional y las entidades locales que deban ser dictaminados por este órgano consultivo a 15.001 euros.
