El director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, ha explicado hoy que el Gobierno está estudiando cuál es la mejor herramienta jurídica para proteger a la población en caso de que haya que tomar medidas más drásticas y entre ellas estudian la posibilidad de aplicar el estado de alarma a territorios concretos y también medidas específicas para las grandes ciudades.
Según Simón, los textos que se están preparando se basan en documentos previos, pero que se están adaptando a una situación diferente, sobre todo teniendo en cuenta la pandemia vivida en los últimos meses, que las medidas que se pueden adoptar son diferentes y que la «tolerabilidad» de las mismas también lo es.
En este contexto, ha expuesto que los servicios jurídicos del Estado están valorando cuál es la mejor opción «si en un momento determinado se considera necesario aplicar medidas más allá del ámbito rural o local, provincial o comunitario». Ha recordado que obviamente una de ellas es el estado de alarma, que ya se ha aplicado, pero ha adelantado que se está valorando si hay algunas otras opciones que «no tuvieran que afectar a todo el Estado o si el estado de alarma se pudiera aplicar a territorios concretos».
Esto, ha recalcado, es lo que se está trabajando para garantizar la mejor herramienta que menos problemas genere, pero que al mismo tiempo propicie la mayor seguridad sanitaria para la población.
No obstante, ha aclarado que todo se está discutiendo previamente con las CCAA porque el Ministerio de Sanidad puede hacer recomendaciones, pero antes de llegar a la «recomendación final» se analizan técnicamente con las autonomías.
IMPLICACIONES DE QUE UN PROBLEMA SE DESCONTROLE
Y ha avanzado también que en estos documentos en los que se está trabajando hay «especificidades para las grandes ciudades». En este sentido, ha precisado que «por mucho que a algunos les pueda parecer injusto», no se pueden aplicar las mismas medidas ante situaciones generales equivalentes en sitios como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia que en sitios como en un pequeño pueblecito de Teruel o Soria.
«Hay que entender que las implicaciones de que un problema se descontrole en una zona o en otra son diferentes y todo esto se considera en los documentos que estamos proponiendo», ha recalcado.
Y aunque ha afirmado que las decisiones que se adopten serán «muy consensuadas», no ha aclarado si los documentos se van a hacer públicos o no, incluso ha llegado a decir que dependerá de si son entendibles. Aunque espera que se publiquen en su integridad, lo que sí cree seguro es que las variables y los indicadores sí se harán públicos.
En cualquier caso, ha insistido en que aunque hay borradores muy avanzados, el documento aún no está terminado, pero las CCAA ya conocen los componentes de este plan porque son las que lo van a aplicar.
