El pasado 3 de junio el Juzgado número 4 de Ciudad Real anunció la venta en subasta pública del edificio que fue sede de la CEOE CEPYME y en el que actualmente se sitúa en CEIP M.ª Elena Maseras de Miguelturra.
El Partido Popular de Miguelturra advirtió en el año 2017 de la necesidad de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se hiciera cargo del pago hipotecario que recae sobre el edificio y llevó a Pleno una petición de compromiso a la JCCM para que antes de iniciar los trabajos de habilitación del espacio para centro escolar, asumiera el pago de la hipoteca si la Justicia lo reclamaba al Ayuntamiento de Miguelturra, al ser la propietaria del terreno, algo que ocurrió en septiembre del pasado año en la resolución del Recurso Extraordinario por infracción procesal y de casación.
En numerosas ocasiones se criticó al Grupo Popular e incluso se les tachó de alarmistas por esta postura, y tanto Victoria Sobrino como Ángel Felpeto, anterior alcaldesa y Consejero de Educación, comparecieron en Consejo Escolar Municipal en enero de 2018 para afirmar que esta deuda nunca sería pagada por el Ayuntamiento ni la Junta y minimizando cualquier peligro en torno al edificio. Una vez iniciada la actual legislatura fue la actual Regidora del Consistorio, Laura Arriaga quién junto con Pedro Mellado, concejal de Hacienda, comparecían para manifestar que sería la JCCM quien asumiría ese pago, algo que contradice la postura defendida hasta entonces. La alcaldesa añadía además, que el colegio no se iba a ver afectado de ninguna manera por ese auto y que era un paso más en la solución del problema.
En aquel momento calificamos de nefasta la gestión que se estaba realizando de esta situación pero a día de hoy se agrava un punto más y es que dicho edificio salió el pasado 3 de junio a subasta pública. Una ineficaz gestión del gobierno de coalición miguelturreño negociando, no ha conseguido que el Ejecutivo presidido por el socialista García Page, dé la importancia que merece a la situación, poniendo en peligro real la continuidad del centro educativo en esas instalaciones, ante una posible oferta por el edificio subastado. Ocho meses han pasado desde que se anunciaran dos mensajes que nos tememos no son ciertos, en primer lugar que la continuidad del servicio esté completamente garantizada en el colegio M.ª Elena Maseras, y en segundo, que no habrá coste para las arcas municipales.
Si se hubiese tenido en cuenta la propuesta del Grupo Municipal Popular nunca habríamos llegado a este punto. Motivado por esta situación el pasado jueves 25 de junio, este Grupo presentó una nueva propuesta para instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que solucione de manera inmediata la situación en la que se encuentra el edificio, negociando con Liberbank y en su caso, haciéndose cargo de la cancelación de la hipoteca para que de una vez por todas se concluya este litigio, puesto que fue la propia Junta la que conociendo la situación del edificio, invirtió más de un millón de euros de dinero público en adecuarlo para albergar un Colegio.
Sorprendentemente el actual Gobierno progresista de coalición miguelturreño (PSOE-Unidas Podemos) votó en contra de esta propuesta por considerar que no era el mecanismo adecuado a sus ojos, sin querer sentarse siquiera a negociar la propuesta.
Parece ser que la estrategia de dejar pasar el tiempo sin actuar, llevará según consideran a una solución. No entendemos cómo pueden quedarse impasibles viendo el riesgo que puede provocar en nuestra comunidad educativa no ofrecer alternativas para negociar.
Frente al servilismo del Gobierno de coalición para con la Junta de Comunidades, el Grupo Popular opta por la exigencia a la Junta de que se mueva en la negociación, puesto que fue ella la que invirtió dinero público en la habilitación de ese edificio, en vez de construir el colegio en unos terrenos libres de cargas. No vamos a callar mientras las siglas políticas se ponen por delante del interés general de la ciudadanía miguelturreña.
Nuestra postura va a seguir siendo la de velar por la defensa de los intereses de nuestro pueblo, presionando como grupo mayoritario de la oposición para que se cumplan los compromisos que adquirieron los cargos públicos de la Junta en la anterior legislatura.
