La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, está impartiendo esta semana en toda la región el curso de formación “La protección del consumidor en la era del COVID-19”, acción formativa que hoy se ha desarrollado en Ciudad Real y que tiene como objetivo asesorar y formar de manera específica a empleados públicos, representantes de OMIC y de diferentes asociaciones de personas consumidoras, “para que atiendan de la mejor manera las miles de demandas y reclamaciones trasladadas a estos servicios por la paralización de plazos y productos, durante el Estado de Alarma y una vez suspendido este periodo excepcional con la llegada de la denominada nueva normalidad”.
Así lo ha explicado el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Fausto Marín, durante el desarrollo del curso que se ha programado esta mañana en Ciudad Real con la asistencia de unos veinticinco técnicos de consumo de la provincia.
Marín ha avanzado que la Consejería editará una Guía sobre las principales reclamaciones, dudas y consultas en materia de Consumo, suscitadas durante este periodo de emergencia sanitaria del COVID-19 y la nueva normativa, “documento que servirá como herramienta y apoyo práctico para los profesionales de los servicios de Consumo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, técnicos de las Oficinas municipales de Consumo (OMIC), y asociaciones de consumidores de Castilla-La Mancha”.
Asimismo, ha recordado la importancia del Sistema arbitral de Consumo que existe a nivel provincial, regional y nacional. “Este sistema de mediación a través del que se procura siempre llegar a un acuerdo, es fundamental para evitar llegar a la vía judicial ya que, de otra forma, todas esas reclamaciones se iniciarían en los juzgados ordinarios y supondría un colapso para el sistema, de ahí la importancia de esta formación” ha recalcado Fausto Marín.
Más de 400 reclamaciones y consultas
Este curso formativo impartido por el catedrático de Derecho Civil Pascual Martínez Espín aborda algunos aspectos relacionados con los suministros energéticos como luz, agua y gas, cancelaciones de viajes, billetes de transportes, conflictos con productos combinados de vuelos y alojamiento, eventos como conciertos, espectáculos, bodas, comuniones, comercio electrónico, incidencia en telecomunicaciones, suspensión de plazos y negociaciones con entidades financieras, entre otros.
El representante de la Consejería de Desarrollo Sostenible ha trasladado que estas conferencias y la futura Guía “son un ejemplo más de la voluntad del Gobierno regional para que todo el personal relacionado con el consumo esté debidamente formado y tengan herramientas útiles para defender los derechos e intereses de las personas consumidores en la Comunidad Autónoma”.
Durante su intervención, Marín ha dado las gracias por el trabajo realizado por los técnicos del Servicio de Consumo, de las OMIC, de las asociaciones de personas consumidoras, especialmente a la FUCI, que estaba representada por su presidente Pedro Romero. Ha recordado que hasta la fecha solamente en el Servicio de Consumo de la Delegación habían registrado más de 424 consultas y reclamaciones.
Más de un 80% de ellas son por ahora de carácter informativo, pero con la previsión desde el Ejecutivo autonómico de que los servicios de Consumo de la Junta de Comunidades y de los ayuntamientos reciban muchas más reclamaciones y consultas, una vez finalizado estos meses de paralización de muchas actividades económicas y servicios.
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