El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno al Decreto 21/2020, de 10 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector, con carácter urgente y excepcional, para la atención a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual, que se encuentran en circunstancias de extrema necesidad ocasionada por la crisis generada por la COVID-19. Este decreto, que tiene carácter retroactivo y se aplicará desde el 1 de junio, se publicará mañana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El objeto de esta nueva norma es realizar un trabajo de intervención social con la finalidad de proporcionar información y asesoramiento en materia social, sanitaria, formativa y laboral a las mujeres víctimas de explotación sexual. Por otro lado, se promocionará su autonomía, dotándoles de herramientas, estrategias y redes de apoyo que faciliten su salida de la situación de explotación en la que se encuentran. Otra medida más que contempla el decreto es cubrir las necesidades básicas de subsistencia (acceso a productos de primera necesidad, alimentación, medicamentos, higiene, etcétera) y finalmente pretende contribuir a la detección de posibles casos de víctimas de trata y de explotación sexual.
Las subvenciones para realizar estas tareas recaerán en entidades que destacan por su especialización en estas situaciones y que, tal como especifica el decreto, son: Médicos del Mundo, Asociación In Género, Fundación Cruz Blanca, APLEC Inclusión + Igualdad, y Fundación Atenea.
Con todas ellas, y con el fin de preparar su puesta en marcha y coordinación, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha mantenido hoy una videoconferencia en la que también ha estado la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado. A lo largo de la reunión se ha analizado su contenido, para una aplicación más efectiva, así como la colaboración con los servicios sociales y las Delegaciones de Igualdad. De estas cinco entidades, la consejera ha destacado “su gran experiencia” en la atención a mujeres en contextos de prostitución y/o mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
“Estamos hablando de mujeres en una situación de gran vulnerabilidad a las que el confinamiento ha afectado muy duramente. Unas han visto como crecía su deuda y con ello su dependencia de las redes que las explotan; otras han sido expulsadas de sus lugares de residencia y también se han detectado situaciones de carencia de recursos para atender las necesidades más elementales. De ahí la importancia de este decreto y de ahí también la necesidad de que sean entidades expertas quienes se encarguen de llevarlo a cabo”, ha explicado Blanca Fernández.
Actuaciones subvencionables y cuantía económica
Tal como establece el decreto, se podrán subvencionar diferentes actuaciones, empezando por la detección de situaciones de extrema y urgente necesidad y siguiendo con la valoración de las situaciones sociales y económicas de las mujeres atendidas para establecer cuál es la cuantía de la ayuda más apropiada para su situación que garantice las condiciones mínimas de subsistencia.
También se subvencionará la definición de un plan de intervención en el que se recojan las necesidades detectadas y las ayudas establecidas para su cobertura con el fin de facilitar su salida de la situación de explotación sexual en la que se encuentran. La entrega de recursos para la cobertura de necesidades básicas de subsistencia, la generación de una relación de confianza y el apoyo que favorezca la vinculación de las mujeres a la entidad, de cara a facilitar una intervención con ellas a más largo plazo, son también acciones subvencionables junto al seguimiento de cada caso y la coordinación con el resto de agentes implicados.
A todo ello, el Gobierno regional destinará un total de 326.212,98 euros. Las razones para el otorgamiento directo de la subvención, ha explicado la consejera de Igualdad, se deben “por un lado al gran interés público, social y humanitario de las actuaciones que se llevarán a cabo y por otro a las medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución recogidas en la ampliación del Plan de Contingencia contra la violencia de género que establece como objetivo garantizar los derechos de estas mujeres ante el escenario derivado del estado de alarma”.
