El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 15,2 millones de euros al acuerdo marco de mantenimiento de los 130 edificios administrativos e instalaciones que la Junta de Comunidades tiene en el conjunto de la región, que consta de 18 lotes para favorecer la participación de las pequeñas y medianas empresas y que, por primera vez, tendrá un carácter inclusivo al reservar un tercio de los lotes a centros especiales de empleo e impresas de inserción.
De la autorización para la celebración de este acuerdo marco, que llevará a cabo la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, ha informado la consejera de Igualdad y Portavoz, Blanca Fernández, que ha comparecido esta mañana para informar de los asuntos del Consejo de Gobierno celebrado el miércoles en la ciudad de Cuenca.
Con este contrato, la Administración regional garantiza una correcta y eficiente prestación de los servicios de su competencia, permitiendo que se haga en condiciones de comodidad y salubridad, tanto para los empleados públicos como para la ciudadanía en general, como usuaria de los edificios administrativos.
La envergadura de este acuerdo marco se refleja en su elevado valor económico, que es precisamente lo que ha hecho necesaria la autorización del Consejo de Gobierno, al superar los 10 millones de euros. En este sentido, cabe resaltar que su valor estimado total asciende a 15,2 millones de euros. Por otro lado, la vigencia del actual acuerdo marco finaliza en agosto de este año, por lo que ahora se propone iniciar el procedimiento de licitación del nuevo, que tendrá una duración de dos años, pudiéndose prorrogar antes de su extinción hasta un máximo de dos años más.
En un momento de crisis económica como el actual, derivada de la COVID-19, la contratación de este servicio por parte de la Administración regional será una oportunidad para las empresas de la región, “ya que contribuirá a reactivar su actividad y superar la crisis que este virus está suponiendo para muchos sectores”, también ayudará a garantizar a las personas trabajadoras el abono de unas nóminas que respeten los convenios colectivos del sector, lo que es una prioridad absoluta para el Gobierno regional.
El objetivo final es que una adecuada optimización de los recursos públicos mejore la calidad de prestación de este servicio, lo que beneficiará a la Administración regional, a las empresas contratistas, sus trabajadores y, en definitiva, a la economía castellano-manchega, “porque para el Gobierno de Castilla-La Mancha el tejido productivo es esencial”.
Cabe recordar que el mantenimiento de los edificios de la Junta de Comunidades se fijó como un servicio de contratación centralizada transversal en el Decreto 74/2018, por el que se reguló la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades. Con este tipo de contratación se licitan suministros o servicios de características homogéneas o de ejecución común para racionalizar y ordenar su contratación, disminuir el número de contratos menores, incrementar la eficiencia, favorecer la agilización de trámites y homogeneizar la calidad de los servicios prestados.
18 lotes para favorecer la participación de más empresas
El nuevo acuerdo marco consta de seis grupos: el primero, mantenimiento integral de edificios e instalaciones; el segundo para el mantenimiento de aspectos como la electricidad, la climatización, la fontanería o la carpintería; el tercero es para el mantenimiento de instalaciones, equipos y sistemas de protección contra incendios; los aparatos elevadores son el cuarto grupo; el mantenimiento y conservación de patios y jardines el quinto, y, por último, están los tratamientos preventivos y correctivos de la legionella. Tres de estos grupos, primero, segundo y quinto, se subdividen a su vez en cinco lotes, uno por provincia, para facilitar la distribución geográfica.
“El acuerdo marco saldrá con un total de 18 lotes, con lo que se pretende que esté mejor adaptado al amplio y diversificado sector empresarial que se dedica al mantenimiento de edificios en la región, favorecer la participación de la pequeña y mediana empresa y promover la competitividad empresarial en condiciones de igualdad”, ha explicado la portavoz, que ha añadido que el acuerdo marco vigente ha permitido firmar contratos con 24 empresas.
Un tercio de los lotes, para centros especiales de empleo
El aspecto más novedoso de este nuevo acuerdo marco respecto al anterior es que, por primera vez, una parte estará reservada a la contratación de centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción. En concreto, se reservan los cinco lotes provinciales destinados al mantenimiento y conservación de patios y jardines y el único lote regional para el tratamiento preventivo de la legionella. Es decir, seis de los 18 lotes, lo que cuantitativamente supone 2,5 millones de euros, el 16 por ciento del valor estimado total del acuerdo marco.
Con esta reserva, además de atender a las peticiones que la Mesa del Tercer Sector ha hecho llegar al Gobierno regional a través de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, se cumple la Ley de Presupuestos regionales para este año, que establece una reserva de participación en procedimientos de adjudicación de contratos de suministros, servicios y gestión de servicios públicos de, al menos, el 10%, del presupuesto total adjudicado en el ejercicio inmediatamente anterior y en determinadas áreas de actividad a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.
“Con ello también cumplimos uno de los principales compromisos que se ha marcado el presidente García-Page y que es el de mejorar la empleabilidad y favorecer la plena integración de las personas con discapacidad”, ha subrayado Blanca Fernández.
Como conclusión – ha resumido la consejera- este acuerdo marco para el mantenimiento edificios administrativos e instalaciones de la Junta “pretende dar seguridad, estabilidad y acceso a las pequeñas y medianas empresas y apuesta por los centros especiales de empleo y los centros de inserción social, reservándoles un 16 % del presupuesto, 6 de los 18 lotes y un mínimo de 2,5 millones de euros porque, como les decía, el empleo de las personas con discapacidad y de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad es una prioridad para el Gobierno de Castilla-La Mancha”.
