El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Puertollano ha reanudado las diligencias previas por la querella criminal admitida a trámite a finales de 2018 contra la Junta de Gobierno Local de la pasada legislatura interpuesta por un policía local que fue suspendido de empleo y sueldo cautelarmente por un periodo de seis meses por presuntas amenazas.
El procedimiento, que ya había trascendido públicamente en enero 2019 de la mano del Sindicato de Policía Local, prosigue su curso después de que el juzgado, en el contexto de la querella criminal interpuesta posteriormente por el denunciante por un presunto delito de prevaricación administrativa, haya citado a declarar como investigados, a lo largo de los próximos meses de julio y agosto, a ocho componentes de la Junta de Gobierno Local de la pasada legislatura, a excepción de la exalcaldesa Mayte Fernández al estar aforada por su condición de senadora por designación autonómica.
Estas personas ya habían sido citadas a declarar el pasado mes de marzo, aunque no pudieron hacerlo por la suspensión de plazos judiciales tras el decreto de estado de alarma por la crisis sanitaria.
Los hechos denunciados por el policía están relacionados, entre otros casos, con una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real que anulaba el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puertollano por el que, como medida cautelar, se suspendió de empleo y sueldo durante seis meses al policía local tras ser denunciado por amenazas graves contra otro policía en enero de 2017. También llevó estos hechos por vía penal, con fallo favorable.
Denuncia penal
La acusación considera que la administración municipal redactó diversos expedientes disciplinarios «artificiosos» y anulados posteriormente en vía judicial ya que el denunciante fue objeto de «una presunta persecución y escarnio».
La sentencia del contencioso, de 7 de junio de 2018, desestimaba la decisión de la Junta Local de Gobierno, dando la razón al demandante en sus alegaciones relativas a la «desproporción de la sanción, a la falta de justificación, así como a la falta de motivación respecto de la resolución impugnada». Ese expediente disciplinario, y otros relacionados con el mismo agente, son los que ahora están en el juzgado por vía penal.
