El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado su compromiso con el apoyo al empleo de personas con discapacidad y de los colectivos más vulnerables en el impulso a la recuperación económica de la región tras el COVID-19.
Así se lo ha trasladado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, a una veintena de representantes de asociaciones del Tercer Sector en la región, con quienes ha compartido las actuaciones del Plan de Medidas Extraordinarias por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha con motivo del COVID-19, reiterando la intención del Ejecutivo de agilizar al máximo la tramitación de las líneas que afectan al sector.
Además, la consejera ha puesto a disposición de las asociaciones y colectivos el COVID Marketplace, para que puedan disponer de un amplio catálogo de proveedores, buena parte de ellos en la región, a la hora de adquirir el material de protección sanitaria que garantice las medidas de seguridad en su actividad diaria.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo se ha reunido con representantes de la Asociación de Empresas de Inserción de la región (ASERICAM), del Servicio de Capacitación (CECAP), de la Fundación CERES, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), de la Federación Empresarial de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) y de la Fundación Secretariado Gitano; con quienes ha compartido las líneas que afectan al Tercer Sector en el marco del Plan de Medidas Extraordinarias.
Patricia Franco, que ha estado acompañada de la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria Chust; del director general de Empleo, José Luis Cabezas; y de la directora general de Formación Profesional para el Empleo, Marta Roldán, también ha trasladado a las asociaciones la intención del Gobierno regional de agilizar al máximo la tramitación de estas líneas.
Reanudación de los trámites administrativos a partir del 1 de junio
Durante el encuentro, el Ejecutivo autonómico ha avanzado a los representantes del Tercer Sector la reanudación de los trámites administrativos a partir del 1 de junio, que significa que se retomen aquellas líneas que quedaron suspendidas en sus plazos con la entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de marzo, que supuso la declaración del estado de alarma en todo el país.
Ante la reanudación de procedimientos, después de la derogación de la disposición adicional tercera de dicho decreto en el marco de la actual prórroga del estado de alarma, el Gobierno regional ha recordado a las entidades beneficiarias de sus distintas líneas de ayuda para el fomento del empleo la necesidad de comunicar el estado del proyecto, conforme a la Orden 76/2020 que ha entrado hoy en vigor.
Además, Patricia Franco ha puesto a disposición de empresas y colectivos del Tercer Sector las dos plataformas que ha impulsado el Gobierno autonómico a partir del Centro de Operaciones COVID-19, coordinado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Consejería de Sanidad, como son el COVID Marketplace y el directorio Vencemosalcovid, para facilitar la adquisición y compra del material de protección sanitario necesario para garantizar las medidas de seguridad en la actividad diaria.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha trasladado a los representantes del Tercer Sector su agradecimiento, y el de todo el Gobierno regional, por el trabajo que han desarrollado sus equipos durante la gestión de la actual crisis para tratar de minimizar el impacto del COVID sobre los colectivos más vulnerables.
En el encuentro, los representantes del Tercer Sector han aplaudido la aprobación, por parte del Gobierno central, del Ingreso Mínimo Vital al que ha dado luz verde en el día de hoy el Consejo de Ministros, y han valorado las nuevas medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico en materias como el favorecimiento de la conciliación laboral y familiar o el teletrabajo, incluidas en el Plan de Medidas Extraordinarias con motivo del COVID-19.
También han pedido una mayor sensibilización en la reserva en la reserva de plazas destinadas al colectivo del Tercer Sector en los procesos de contratación pública.
