El coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha asegurado que el plan aprobado por el Gobierno autonómico de inspección para centros residenciales de la región durante el estado de alarma, con motivo de la epidemia de coronavirus, que incrementará un 26 por ciento las inspecciones en residencias, «tenía que haberse hecho anteriormente», considerando que ahora es «innecesario» ya que «desgraciadamente, ahora lo está haciendo la Fiscalía».
Crespo ha apuntado este martes en una rueda de prensa telemática que hacer estas inspecciones «era una obligación de la Junta», añadiendo que la Administracicón regional «ahora no puede zafarse» de esa responsabilidad «diciendo que va a comenzar ahora» con las inspecciones.
En este punto, ha pedido al Gobierno castellanomanchego que realice «una labor de transparencia absoluta» en todo lo referente a las residencias de la región. «Lo hemos pedido a la Consejería de Bienestar Social, queremos saber el nombre y apellidos de quienes están detrás de las residencias, queremos saber qué tipo de negocios hay detrás pero también quiénes se han quedado con los servicios que la Junta ha privatizado en sus propias residencias», ha sostenido.
El coordinador de IU en la Comunidad Autónoma ha criticado además que la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, no haya querido reunirse con su partido, pese a haberlo solicitado «dos veces», señalando que cree que la coalición tiene «propuestas para mejorar la calidad de vida» de los castellanomanchegos. «No hemos sido atendidos y nos parece incomprensible», ha lamentado.
En este sentido, ha puesto de relieve algunas de las propuestas de la coalición de izquierdas en materia de Bienestar Social, entre las que ha destacado la creación de un fondo regional de ayudas de emergencia social que esté dotado con 63 millones de euros procedentes de la Comunidad Autónoma, todo ello con el objetivo de «dar cobertura a la gente» en cuestiones habitacionales o en la compra de alimentos y otros productos básicos.
Además, ha propuesto que este fondo, una vez pasada la crisis, se reconvierta para estar destinado a «garantizar una renta mínima que garantice la posibilidad de tener los servicios básicos».
Asimismo, ha hecho otras propuestas como que se amplíe la partida dedicada al Ingreso Mínimo de Solidaridad o que «a medio plazo» se apruebe la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, «que se quedó estancada y no fue aprobada por órdenes expresas de Emiliano García-Page».
Por otra parte, Juan Ramón Crespo ha mostrado la «preocupación» de su partido por las condiciones de los temporeros que trabajarán en las recolecciones agrícolas de la región. Por ello, ha exigido que se garantice «las condiciones de salubridad» de estos trabajadores, «por ellos y para impedir que el virus se vaya trasladando por toda la región».
