Ante el retorno de cerca del 30% de las plantillas de servicios básicos a los Ayuntamientos de Ciudad Real a sus puestos de trabajo presencial, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige la realización inmediata de pruebas diagnósticas de coronavirus a todos los empleados públicos, posean o no síntomas, que trabajan en las dependencias municipales.
Si bien el sindicato tiene constancia de que se han efectuado test de COVID-19 en varios ayuntamientos, estos se realizan únicamente a personas con síntomas. Un protocolo inadecuado porque impide detectar a los asintomáticos, lo que supone un enorme riesgo de que se produzca una masificación de contagios en los consistorios.
La provincia, que según los últimos datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de la Administración Pública cuenta con más de 7.900 empleados públicos en las diferentes administraciones locales, se postula como el territorio que más ha sufrido el azote de la epidemia en Castilla-La Mancha, siendo municipios como Tomelloso, Alcázar de San Juan, Daimiel y la propia capital los más damnificados.
Por ello, y con el fin de prevenir contagios dentro del sector público, CSIF reclama sin excepción la realización masiva de pruebas de diagnóstico a todos los empleados públicos de los ayuntamientos de la provincia.
Además, y en consonancia con las medidas contempladas tanto en la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, como en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, el sindicato subraya que sería útil identificar a los positivos posean o no síntomas y aislarlos a fin de evitar contagios entre los compañeros y hacia los ciudadanos.
CSIF cree también necesario que las administraciones responsables procedan a renovar los equipos de protección individual entregados en su día a las dependencias municipales, que garanticen existencias suficientes para todos los empleados públicos y que ofrezcan formación práctica sobre su uso, así como que también se provean desinfectantes para la limpieza de las herramientas de trabajo, dispensadores de solución hidroalcohólica, cartelería informativa.
Junto a esto, el sindicato también reclama la instalación de mamparas de seguridad en los puntos de atención al público, y la reorganización de los puestos de trabajo, de manera que se facilite la existencia de una distancia de seguridad de 1,5 metros entre cada empleado, separándose con mamparas de seguridad entre los puestos cuando no sea posible la distancia de seguridad por falta de espacio.
Lo fundamental es organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona. Primero, medidas colectivas…..
Es decir, no hay pruebas.
Es normal que también CSIF se haya querellado contra el gobierno.
CCOO y UGT callados como frutas…el pesebre.