El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden que contiene las medidas «excepcionales» pactadas con las comunidades autónomas para flexibilizar este curso las prácticas obligatorias en enseñanzas de Formación Profesional (FP) ante el escenario que ha provocado la pandemia del coronavirus.
La orden, firmada por la ministra Isabel Celaá, entra en vigor este viernes y permite «la adopción de medidas de flexibilización de los currículos de FP que garanticen el acceso a la titulación de los estudiantes de segundo curso, así como los de las enseñanzas de régimen especial que lo precisan».
Entre ellas, las comunidades autónomas podrán autorizar la reducción excepcional de «la duración de los módulos de formación en centros de trabajo al mínimo de horas contempladas». También «determinar la exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo en el caso de aquellos estudiantes de último curso del área sanitaria o sociocomunitaria».
Además, se permite a las diferentes comunidades «sustituirla estancia en empresas, propia de la formación en centros de trabajo, por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral», así como flexibilizar su evaluación, que «no requerirá lacolaboración de la figura del tutor de empresa».
Para los estudiantes de FP Dual a los que la pandemia les ha interrumpido su formación en empresas, el Ministerio permitirá dar por extinguido el convenido con la empresa colaboradora y proceder «a realizar los cambios oportunos en sus matrículas y documentos de evaluación previstos para las enseñanzas de Formación Profesional».
Las medidas incluidas en la orden son aplicables a las enseñanzas deportivas y enseñanzas artísticas. «Asimismo, en las enseñanzas deportivas de grado medio se podrá sustituir la estancia en entornos productivos propia del módulo de formación práctica por una propuesta de actividades asociadas a situaciones reales de trabajo o práctica deportiva», se precisa.
«La imposibilidad de que los procesos educativos continúen con normalidad en esta situación, obliga a adoptar medidas de urgencia que preserven los derechos de los estudiantes y que respondan a sus expectativas y a las de las familias y las de los docentes», expone la orden firmada por Celaá, que pactó estas medidas el pasado 25 de marzo con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación.
