CCOO ha exigido al Gobierno regional que de forma inmediata tome las medidas necesarias, que ya las conoce y solo tiene que ponerlas en marcha, para acabar de una vez por todas con la dura realidad que asola a las residencias de mayores y las personas dependientes; y empiece a estudiar junto con empresarios y sindicatos un plan de futuro para este sector «tan injustamente castigado» por el coronavirus.
Según informa en nota de prensa, a estas alturas de la crisis sanitaria, «muy lejos aún de revertir», no sabe aún qué ventajas tienen los centros sociosanitarios de depender de la Consejería de Sanidad, por las que se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actuaciones sanitarias en las residencias de personas mayores, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, como salvaguarda de la salud pública a causa del COVID-19.
Más allá de la actuación de la UME o de Geacam para la limpieza y desinfección de los centros –«muy útil y muy valorada»–, y de la intervención de residencias por un equipo de profesionales del Sescam –que informa «demasiado sucintamente» a las plantillas de los centros intervenidos del protocolo de actuación–, «ni trabajadoras ni centros conocen otras medidas ni actuales ni futuras para acabar con el verdadero problema: la hemorragia de fallecimientos que no cesa».
«No se sabe qué hacer en centros donde no es posible el aislamiento, ni quién tiene la obligación de vigilar la salud de las plantillas (empresas o Sescam), ni quién debe proporcionar las mascarillas o los EPIs, ni quién debe pasar los test de detección, ni los criterios que se van a seguir, ni el orden de prioridades», según señala.
Incluso, añade, la Instrucción de la consejería de Sanidad para el trabajo en hospitales, centros residenciales y funerarias con cadáveres confirmados con COVID-19 o síntomas compatibles adjudica esta tarea, en el caso de las residencias, al «personal auxiliar que haya estado administrando el tratamiento o cuidados a la persona fallecida», «olvidándose que no tienen ni la formación ni los Equipos de Protección Individuales adecuados para realizar el procedimiento según la normativa del Ministerio de Sanidad».
Bajo su punto de vista, las residencias de mayores, las de personas discapacitadas y los centros residenciales análogos, están clasificados como sociosanitarios. «Eso implica que no tienen infraestructura, ni personal, ni medios para tratar a personas contagiadas; aunque ahora, como pueden, lo estén haciendo. No creemos que esta afirmación sorprenda a nadie, y si es así es que existe un desconocimiento total y absoluto del sector».
«Y, mientras tanto, constatamos día tras día las macabras cifras de fallecimientos, de los que al menos un tercio se registran en residencias de mayores. Más de la mitad de las más de 350 residencias públicas y privadas de la región tienen casos; y hay un número indeterminado, pero grande, de muertes que no computan porque no están diagnosticadas», argumenta.
A ello añade que algunos centros de gestión privada, ante la pérdida importante de residentes y, por tanto, de ingresos, están estudiando ya la posibilidad de hacer ERTES. «Es decir, después de aguantar el tremendo esfuerzo, físico y emocional, que les está exigiendo la actual situación, a los profesionales lo mismo les espera el paro cuando esto acabe».
