Dificultades en los Registros para contar defunciones: servicios mínimos, datos incompletos y correo colapsado

El recuento de datos de defunciones que el Ministerio de Justicia pidió a los Registros civiles para poder ofrecer una cifra objetiva sobre las muertes provocadas por la pandemia del coronavirus está siendo más complicado de lo que se esperaba, ya que son muy pocos los trabajadores los que acuden presencialmente a las oficinas, que muchas de las partidas de defunción no ofrecen información suficiente y que el correo electrónico habilitado para remitir toda la información recabada se ha colapsado.

Así lo ha denunciado la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ)–antes denominados secretarios judiciales– en un comunicado, en el que asegura que debido a estas dificultades y otras, como que los juzgados de paz están cerrados, es «prácticamente imposible» que puedan enviar una relación completa de todos los datos registrados desde el 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, tal y como ha exigido el Ministerio de Justicia.

Por su parte, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) también ha afeado la «improvisación» en la gestión que está llevando el Ministerio de Justicia al respecto, pues no se ha tenido en cuenta que los Registros civiles se encuentran «desbordados» y no se han facilitado medios para poder llevar a cabo esta instrucción.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública pidió el pasado sábado a todos los registros, tanto los que tengan acceso a la plataforma ‘Inforeg’ como los que no, que trasladen a diario, una vez finalice la jornada laboral, una relación en la que conste «el número de defunciones que han tenido acceso al Registro, número de licencias de enterramiento que se han concedido, y el lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual».

El objetivo es tener una información «veraz, contrastada y más objetiva posible» y con «mayor grado de exactitud posible y con la inmediatez que exige la realidad», según explica la instrucción.

Esta instrucción fue actualizada este mismo martes por la tarde, cuando esta Dirección General interesó «urgentemente» a todos los letrados de la Administración de Justicia –antes denominados secretarios judiciales– que trabajan en los Registros civiles que remitan antes de las 14.00 horas de este miércoles toda la información sobre defunciones que se haya registrado desde el 14 de marzo, día en el que se declaró el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, hasta la actualidad.

La UPSJ afirma que con esta instrucción, la Dirección dependiente del Ministerio de Justicia «se ha cubierto de gloria», pues es «prácticamente imposible» de ejecutar en tan poco tiempo, ya que los Registros civiles están prestando sus servicios «con poco personal» durante el estado de alarma, ya que, debido a la limitación de movimientos para evitar la propagación del coronavirus, se impulsó el teletrabajo.

JUZGADOS DE PAZ CERRADOS

Además, estos datos también son recopilados por los más de 7.500 jugados de paz, que su mayoría están cerrados. La UPSJ destaca en su comunicado que está siendo difícil contactar con sus encargados porque «no contestan al teléfono y con los ayuntamientos más pequeños es muy complicada su comunicación, ya sea por correo o por cualquier otro medio».

Asimismo, advierten de que el correo electrónico habilitado por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública para remitir los datos se ha «colapsado», pues en total el buzón ha recibido «como poco 8.103 correos» diarios desde que se emitió la instrucción procedentes de 436 Registros Civiles entre exclusivos y con competencia mixtas, y 7.667 Juzgados de Paz.

Por todo ello, la USPJ reclama al Ministerio de Justicia buscar otros recursos «para aliviar la carga que en la actualidad tienen los Registros Civiles, centrándose sólo en estos momentos en expedir las licencias de enterramiento y efectuar las inscripciones de defunción».

Fuentes de la asociación consultadas por Europa Press han apuntado que temen de que si los pocos funcionarios que acuden a los registros civiles se centran en recabar los datos solicitados a última hora, se paralice el resto de la actividad y las licencias de enterramientos, que es lo que consideran que deben «primar en este momento», se acumulen.

De hecho, el comunicado de la UPSJ destaca que los servicios de los registros civiles se debían haber centrado, «desde el inicio de la crisis», en expedir dichas licencias y efectuar las inscripciones de defunción, que se han multiplicado «de forma exponencial».

Por ello, sugieren a Justicia que para este cometido se utilice «preferentemente» el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recibe mensualemente boletines estadísticos de defunción por todos los registros.

REGISTROS CIVILES «DESBORDADOS»

En esta misma línea se ha manifestado el CSIF, que subraya que el personal de los registros civiles está «desbordado». «Al no producirse el fallecimiento por muertes violentas, no hay autopsia, así que los médicos, sobre todo en pequeñas localidades, certifican el fallecimiento atendiendo a causas respiratorias o a patologías que presentase la persona difunta, ya que evidentemente no se hace la prueba», explica.

Así, considera que el Ministerio de Justicia «llega tarde en la resolución de este problema y, además, está desviando la atención con consideraciones sobre la fiabilidad de los datos que sobre la causa de la muerte que figuran en los certificados de defunción».

En opinión del sindicato, para obtener una estimación de los fallecimientos por Covid-19, debería compararse el número de solicitudes de inscripción de defunción que entran en los Registros civiles con los datos de fallecidos en años anteriores y en la misma época del año.

Además, el CSIF se queja de que Justicia, no solo ha adoptado «de manera unilateral» esta decisión, sino que lo ha hecho «sin una visión de conjunto y sin dotar de medios suficientes» para llevarla a cabo. Por ello, exige que el Ministerio organice una reunión con los sindicatos y comunidades autónomas para «coordinar estas y otras actuaciones».