El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha avanzado este miércoles que desde su departamento se está trabajando para garantizar el acceso normalizado a los productos básicos de alimentación e higiene, en cantidad suficiente y precio justo, sin que se vulneren derechos al amparo de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras, especialmente de las personas más vulnerables.
Así lo ha manifestado Escudero, tras mantener una reunión de trabajo por videoconferencia con representantes del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI-CLM), en concreto su presidenta, Cristina Gómez y el gerente Jose Antonio Romero; además del director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, con el objetivo de conocer de primera mano la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad de la región, especialmente las que viven solas y en municipios en los que no se dispone de puntos de venta de alimentos y otros productos básicos.
“Queremos prevenir o intervenir de manera rápida ante situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo, tras el confinamiento decretado, la alimentación saludable de personas con discapacidad, así como personas mayores con movilidad reducida”, ha indicado el consejero, dando respuesta a la preocupación trasladada por este colectivo. “En el caso de que no sea posible ni recomendable realizar sus compras, queremos que puedan recibir en sus domicilios alimentos y productos sin poner en riesgo su salud”, ha apuntado Escudero.
Así, han acordado que la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo intermedie con la Asociación de Supermercados de Castilla-La Mancha (ASUCAM) para que se extienda al total de supermercados de la región las buenas prácticas que algunos de ellos ya han implementado para llevar la compra a domicilio y se establezcan puntos seguros de recogida (por ejemplo, en el garaje) a aquellas personas mayores o con discapacidad que no pueden realizar sus compras en tiendas o no es recomendable por su estado de salud.
Durante la videoconferencia se han tratado también otras medidas que se proponen para que sean adoptadas por los establecimientos de venta como, por ejemplo, dar prioridad a las personas vulnerables en el acceso a las cajas o facilitar ayuda a personas con discapacidad visual para poder mantener las distancias de seguridad; y acceder a guantes o geles hidroalcohólicos para realizar su compra.
Asegurar el abastecimiento básico en todos los municipios
En esta línea, como ha explicado el consejero de Desarrollo Sostenible, “hemos acordado establecer una coordinación informativa telemática diaria sobre las posibles incidencias en su ámbito de intervención durante el período de vigencia del Estado de Alarma”.
Como ha añadido, se trabajará para identificar municipios con desabastecimiento por ausencia de establecimientos de venta que no pueda ser paliada con prácticas de venta ambulante o similares. Además de otra nueva propuesta como es que, en aquellos municipios o pedanías en los que – aun existiendo – no se estuviese garantizando a los vecinos el suministro básico, el Ayuntamiento podrá comunicar a la Consejería aquellos casos de personas mayores, con discapacidad o que tengan movilidad reducida, con objeto de poder explorar soluciones compartidas para garantizar la distribución de alimentos.
Para ello, Escudero ha puesto a su disposición los servicios de la Consejería, a través de los Agentes Medio Ambientales y/o el dispositivo de la empresa pública GEACAM, informándoles de la instrucción que va a dictar esta misma semana para que a través de la Federación Española de Municipios y Provincias en la región (FEMP-CLM) se incida en la información a los Ayuntamientos.
Por último, desde CERMI-CLM han explicado que no han tenido conocimiento de incidencias destacables en las que se hayan visto situaciones extremas de vulnerabilidad de las personas con discapacidad y han agradecido al consejero su interés por estar vigilantes ante posibles situaciones de dificultad mientras dure el confinamiento decretado que supongan un riesgo para las personas con discapacidad.
