78 municipios afectados por la despoblación en Ciudad Real, Córdoba y Badajoz reclaman su revitalización

Representantes de las seis comarcas vecinas de Badajoz, Córdoba y Ciudad Real, entre ellas la del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, han aprobado esta semana un manifiesto que, contra la problemática de la despoblación, va a dar visibilidad a la situación cotidiana que sufren territorios de la llamada ‘España Vaciada’.

Así se ha acordado en la localidad pacense de Castuera, en donde ha tenido lugar una reunión a la que acudieron también Pablo Toledano y Antonio Moreno, como alcaldes de Brazatortas y de Cabezarrubias del Puerto y máximos responsables respectivos de la ADS ‘Valle de Alcudia’ y de la Mancomunidad del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.

“La falta de oportunidades de empleo y de desarrollo económico, la pérdida de servicios o el imparable éxodo poblacional son los argumentos del documento que hemos consensuado”, como refiere Toledano, recordando esta situación se padece de manera muy particular en los seis territorios donde habitan un total de 163.781 habitantes.

Manifiesto que propone la declaración de los 78 municipios integrantes de esta plataforma reivindicativa como “zonas rurales a revitalizar”, conforme a los preceptos que se reconocen en la Ley 45/2007, de 13 de Diciembre para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Toledano indica que “entendemos como tales a aquellos municipios que, como los nuestros, tienen una escasa densidad de población; elevada significación de la actividad agraria; bajo nivel de renta; y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial”.

De tal manera que son tres los ejes fundamentales de esta declaración. Por un lado, la supresión de la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como cambios legislativos en normas autonómicas y la modificación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

También la adopción de medidas fiscales, tales como la bonificación y la exención para los reajustes que favorezcan el asentamiento empresarial y el fomento de nuevas iniciativas por parte de emprendedores.

Y, asimismo, el establecimiento de medidas económicas y de infraestructuras con el apoyo financiero de las diputaciones provinciales, de las Administraciones regionales y del propio Estado para la mejora del déficit energético, de las comunicaciones terrestres y viarias y así como de las telecomunicaciones. El documento así consensuado va a ser enviado tanto a ayuntamientos de los municipios implicados, como a los diferentes entes supramunicipales representados, con el fin de recabar el apoyo institucional a los preceptos del mismo y “las demás Administraciones tengan verdaderamente en cuenta lo que, en justicia, reclamamos”, apunta Toledano.

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