Las Cortes de Castilla-La Mancha han decidido hoy la adhesión del parlamento autonómico al Pacto contra la Despoblación de Castilla-La Mancha que el Gobierno regional, la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y los agentes sociales suscribieron la semana pasada en Brihuega y piden a su vez que se incorporen las conclusiones de la comisión no permanente de estudio que está desarrollando hasta final de año en la propia cámara.
Estas dos iniciativas forman parte de la resolución socialista aprobada por unanimidad esta tarde en el Salón de Plenos, tras el debate general “relativo a las medidas necesarias para paliar la despoblación” que se incorporó por propuesta del Grupo Popular al orden del día. La sesión de este jueves arrancaba pasadas las diez de la mañana con un minuto de silencio en memoria de las 14 asesinadas por crímenes machistas en lo que va de año y, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, ha contado con la aprobación de una declaración institucional sobre el 8M y en apoyo a la igualdad de género.
El debate sobre despoblación ha contado con la participación del vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, y se ha resuelto con un texto que incluye en sus tres puntos trasladar al Gobierno de España los acuerdos regionales para que “sean tenidos en cuenta en la estrategia nacional contra la despoblación”. Las Cortes regionales instan al Gobierno regional a que incorpore a la Estrategia del Reto Demográfico las conclusiones de la comisión no permanente de estudio que se ha constituido en esta X Legislatura.
No han salido adelante, en cambio, las dos resoluciones propuestas por Ciudadanos y PP, que han contado en ambos casos con 14 votos a favor de la oposición, pero los 19 en contra del Grupo Socialista.
Debates sobre agricultura y ganadería
El Pleno de este jueves incluía cuatro debates generales en el orden del día, dos de ellos relacionados con la situación del sector primario, en los que ha intervenido el consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo. Una de las propuestas -a petición de PSOE y Cs- fijaba la discusión en torno a las repercusiones en la agricultura de Castilla-La Mancha de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en el nuevo horizonte 2021-2027. En esta ocasión han salido delante de estos dos grupos. La de Ciudadanos reclama al Gobierno de España “rechazar recortes en los pilares” de la PAC “referidos a subvenciones directas y condicionales a los propietarios de explotaciones agrícolas, así como a los fondos de desarrollo rural que han sido trascendentales en el desarrollo de nuestra región”.
Mientras, la resolución socialista aprobada -a pesar de los 10 votos en contra del PP, como en la votación de la de Cs- rechaza la primera propuesta presupuestaria de la CE, exige igualmente que no haya recortes e insta al Gobierno autonómico a fijar una posición propia -que defienda los intereses del sector en la región- con la que a su vez “participe en el diseño de una posición española consensuada con las comunidades autónomas”. Además, anima al Gobierno de España a que elimine los derechos históricos de pago, que se aplique un techo de pago de ayudas por explotación, que haya una ayuda redistributiva destinada a los profesionales del campo con especial atención a las medianas y pequeñas explotaciones y que haya inclusión de la política de igualdad de género en los objetivos de la PAC.
El otro debate sobre el sector primario ha tenido que ver con la carga impositiva a los profesionales de la agricultura y la ganadería y había sido propuesto por el Grupo de Ciudadanos. En este caso sólo ha salido adelante la resolución socialista, que pide que las ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores puedan “imputarse por cuartas partes, en el periodo impositivo en el que se obtengan y en los tres siguientes”; bonificar la cuota empresarial por la conversión de contratos eventuales en indefinidos o fijos-discontinuos; y mantener el sistema de tributación por módulos, “ya que es un sistema más ventajoso para los declarantes de las rentas agrarias”.
El texto aprobado con los votos de PSOE y Cs pide la reducción del índice de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF “afectadas por diversas circunstancias excepcionales” para 2019; la continuación del “compromiso de bonificaciones al gasóleo agrícola durante esta legislatura” e incrementar la dotación del Plan de Renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola.
En este punto no ha salido adelante ninguna de las dos resoluciones de los grupos de la oposición, ya que los 19 diputados y diputadas del grupo mayoritario han votado en contra.
Financiación estatal
Otro de los debates generales, presentado por el Grupo Popular, giraba en torno a la repercusión para la región de la política estatal en materia de financiación, y ha alumbrado otras dos resoluciones con los 23 votos a favor de Cs y PSOE y ha contado con el rechazo de los 10 del PP, que no ha conseguido sacar adelante su texto.
La cuestión ha vuelto a ser tratada en las Cortes, con intervención del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y se ha resuelto de nuevo con la Cámara pidiendo al Gobierno central a que abra el proceso de negociación con los territorios para buscar un nuevo modelo “justo, equilibrado y solidario”. El texto socialista pide a los grupos del parlamento “un planteamiento de unidad, por encima de los intereses partidistas”, que centre su criterio en que todos los españoles “reciban las mismas prestaciones y servicios con independencia del lugar en que vivan”.
Por su parte, la resolución de Ciudadanos pide un aumento de la financiación para que las comunidades hagan frente a sus competencias y “armonización de los tributos propios y cedidos”. Además, anima a cumplir otras dos premisas: “garantía del principio de igualdad” corrigiendo el factor de capacidad de recaudación tributarias conforme a criterios como la dispersión demográfica y “corresponsabilidad fiscal”, delimitando el ámbito de los servicios comunes garantizados por la financiación y “aquellos otros adicionales que deban ser financiados por las comunidades autónomas con cargo a sus propios recursos”.
Por último, diputados y diputadas de los tres grupos han formulado preguntas al Gobierno sobre medidas para incentivar el pequeño comercio (PP), las listas de espera en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo (PP), programa de termalismo para personas con discapacidad (PSOE), vivienda de mujeres víctimas de la violencia de género (PSOE), construcción de un geriátrico en Chinchilla (Cs), la situación de las instalaciones del Parque de los Gavilanes de Toledo (Cs) y reapertura del colegio de Casas de Pinos en la provincia de Cuenca (PP). Los consejeros Martínez Arroyo, Patricia Franco, Aurelia Sánchez Navarro, Nacho Hernando y José Luis Escudero han respondido a estas cuestiones.
