Desde este lunes, las diputaciones y los ayuntamientos pueden solicitar las ayudas convocadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha dentro de las expresiones de interés para la selección y ejecución de proyectos relativos a actuaciones para el fomento de la movilidad urbana sostenible mediante el desarrollo de infraestructura de puntos de recarga eléctricos, para ahorro y eficiencia energética en edificaciones de la administración local y para el fomento del uso de las energías renovables en infraestructuras y edificación pública.
Se trata de la última línea de ayudas convocada que suman 27,5 millones de euros -el reparto se hará de manera equitativa entre las cinco provincias, de manera que cada una recibirá 5,5 millones de euros-, un coste que será sufragado al 80 por ciento por el Gobierno regional y el 20 por ciento restante por las diputaciones y corporaciones locales.
Todo ello se enmarca en el Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020 “con la finalidad de fomentar e impulsar la transición energética”, tal y como ha resaltado la consejera y portavoz, Blanca Fernández, quien también ha recordado que los ayuntamientos y las cinco diputaciones disponen de dos meses y diez días para realizar esta tramitación que se debe gestionar en las instituciones provinciales, si bien el plazo para la presentación de los proyectos será de 12 meses, salvo en el caso de la línea para el fomento de energías renovables, que será de 20 meses.
La primera de las líneas, con un importe de 20 millones de euros, es la referida a la instalación de renovables en infraestructuras y edificios públicos, es decir, placas solares, pequeños molinos eólicos y sistemas de calefacción de bajas emisiones, como son la biomasa o la aerotermia, entre otras.
La línea 2 centra su objetivo en la eficiencia energética en edificios e instalaciones que puede consistir en mejoras de la envolvente de edificios o conseguir la mejora en la calificación energética tras la actuación llevada a cabo, un apartado para el que existen cinco millones de euros.
Y la tercera línea, con un presupuesto de 2,5 millones, es la dedicada a la movilidad urbana sostenible, y que se ciñe a la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos dentro de la estrategia del Gobierno de Castilla-La Mancha de configurar una red regional.
Blanca Fernández ha contextualizado estas ayudas en la estrategia de desarrollo y sostenibilidad energética del Gobierno que preside Emiliano García-Page, y que sitúa a Castilla-La Mancha en los puestos de cabeza en producción de energías renovables con una potencia instalada de 6.700 megavatios procedentes de fuentes renovables y, por tanto, en la lucha contra el cambio climático.
Sumar y avanzar ante el reto demográfico
Para finalizar, la portavoz del Ejecutivo regional ha hecho otro llamamiento a todos los consistorios de la región para que se sumen al Pacto contra la Despoblación, cuyo objetivo, como bien se recoge en la página web https://retodemografico.castillalamancha.es/inicio es “hacer una apuesta decidida por la promoción del desarrollo rural y garantizar así los servicios básicos, posibilitar la igualdad efectiva de oportunidades, fijar población y propiciar una adecuada cohesión económica y social entre sus territorios”.
Se trata de una medida que se incluye en una estrategia más amplia dentro de la Inversión Territorial Integrada (ITI), a través de cual, tal y como ha apuntado Fernández, “se han movilizado más de 777 millones de euros de fondos estructurales, desarrollados en 95 líneas de actuación, y que han llegado a más de 630 municipios de la región”.
