Comunicado de ANIL.– La Asociación Nacional de Interinos y Laborales, ANIL, impugnó la oferta de empleo público nacional 2019 por entender que atenta a los derechos de los empleados públicos, contratados y nombrados, con abuso de derecho, por el Estado, y de forma endémica por todas las administraciones.
Esta situación afecta a más de 800.000 empleados públicos. La desestimación de la medida cautelar, de suspensión de las convocatorias de oposiciones, mientras no se resuelva el proceso judicial, se efectúa, al entender la Sala, que se producen más daño al interés general (si paralizan) que a los posibles afectados.
En este sentido, Manuel Martos, Presidente de ANIL valora muy negativamente la resolución, ya que pone en peligro a 800.000 trabajadores con derechos adquiridos, puesto que llevan prestando servicio de forma continua por más de 3 años (la media son 14) .
En este sentido, en febrero se quiere organizar por todos los afectados, trabajadores laborales, estatutarios e interinos, una manifestación en MADRID, la cual es apoyada por ANIL y SINTEF (Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude). Dicha manifestación se convoca en contra de los sindicatos mayoritarios y firmantes del “Acuerdazo” CCOO, UGT y CSIF, así como el Gobierno, en aquel entonces PP. Se pide el reconocimiento de los derechos adquiridos por el abuso al que están siendo sometidos.
Por parte de ANIL, se están impugnando diferentes ofertas y convocatorias, como la del Ayuntamiento de Sevilla, e incluso la OPE Andaluza. Esta previsto el juicio contra el Ayuntamiento de Sevilla para principios de febrero.
Recordemos que el TJUE, en este trimestre, sentenciará sobre la interpretación que se debe hacer de la Directiva 1.999/70 en la gestión que del personal “temporal” efectúa la administración, cuando esta actúa como empresario.
Se recuerda, que al igual que en Andalucia, se ha presentado la Iniciativa Legislativa Popular nacional que posibilita el acceso a la estabilidad de este personal, vía concurso de méritos, así como se legisla sobre las indemnizaciones y se pide responsabilidad personal a los responsables de la administración que consientan estas situaciones de fraude.La misma está presentada y admitida por el Congreso de los Diputados, pendiente de aportar las 500.000 firmas necesarias para su tramitación. Manuel Martos, quien es, además, promotor de esa iniciativa, entiende necesario que se paralicen todas las ofertas de empleo a nivel nacional, en tanto no se resuelvan esos extremos tan importantes así como el Conflicto Colectivo que conoce la Audiencia Nacional. No recoger estos derechos puede conllevar el reconocer unas indemnizaciones en torno a 20.000 euros a cada afectado (son alrededor de 800.000).
Algunos ayuntamientos (pocos) han paralizado sus ofertas, tras reuniones con Martos; sin embargo, en la actualidad se están aprobando cada día ofertas de empleo y convocatorias.
De mantenerse la situación, están previstas huelgas por parte del colectivo.
