Días después de que los interinos despedidos en el Ayuntamiento de Puertollano anunciaran que habían culminado los trámites para ser admitidos como acusación popular en la causa contra la creación en 2010 de 12 plazas de ayudante de matarife, para lo cual tuvieron que depositar una fianza de 6.000 euros, la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha dado un vuelco a este aspecto del procedimiento.
Según ha anunciado la Plataforma de interinos despedidos FIDAP en un comunicado, y tras desestimar un recurso del Ayuntamiento de Puertollano, la Audiencia, en resolución de 11 de noviembre, ha reconocido al colectivo su condición de acusación particular y, por tanto, perjudicado de manera directa por el presunto delito investigado.
Según señala FIDAP, la Sala concluye que los querellantes poseen legitimación activa “en cuanto que perjudicados directamente por una resolución dictada por una autoridad o funcionario competente en asunto administrativo contraria a derecho, cuya ilegalidad resulte grosera y por tal transcienda el ámbito de control que le es propio (jurisdicción contencioso administrativa) de la que se derive un perjuicio directo para los querellantes y cuya finalidad sea la de imponer la autoridad de la que dimana la resolución (elemento esencial sin cuya concurrencia no es posible apreciar siquiera de forma indiciaria la existencia de prevaricación) su voluntad particular en contra del derecho».
«En estos términos», prosigue la Audiencia, «y en cuanto que los querellantes vienen sosteniendo que han sido perjudicados por un despido que consideran ilegal y del que fueron víctimas en el año 2011 y así mismo que también es ilegal el Plan de Ajuste económico y de Estabilidad Presupuestaria aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Puertollano de 29/09/2011 se les puede tener como activamente legitimados en su condición de acusación particular».
FIDAP recuerda que los querellantes son exfuncionarios interinos del Ayuntamiento de Puertollano que tuvieron acceso a la función pública en el último tercio del año 2007 mediante unas pruebas de carácter selectivo para acceder a la bolsa de trabajo que se había creado en distintos servicios del Ayuntamiento. «Estos nombramientos de funcionarios interinos fueron realizados y llevados a cabo con todas las prerrogativas legales», aseguran.
Los querellantes resaltan que en el pleno de la Corporación Municipal celebrado el día 29 de septiembre de 2011 se aprobó un Plan de Ajuste Económico y de Estabilidad Presupuestaria después de que el equipo de gobierno del PSOE se comprometiera, a instancias de IU, a incorporar a los interinos despedidos en el ejercicio 2011 a partir del 1 de enero de 2013, «compromiso público que no se ha llevado a efecto».
«Transcurrido el tiempo sin tener notificación de su incorporación, los querellantes, se entrevistan con Florentino López Montero, portavoz del grupo municipal de IU en aquellos momentos y quien formulo dicha enmienda, realizando un nuevo escrito dirigido al alcalde de entonces, Joaquín Hermoso Murillo, el día 6 de marzo de 2013, donde se ponía de manifiesto esta injusticia que estaban sufriendo los querellantes, a la que se hizo caso omiso», recuerdan.
«En definitiva, se procedió por parte del Ayuntamiento de Puertollano al despido de los afectados, mediante un cese a nuestro criterio improcedente, debido a que no se realizó mediante negociación colectiva y se llevó a cabo mediante engaño doloso, apartándose de los procedimientos legalmente previstos para llegar a los fines aludidos, causando con ello una grave indefensión a los empleados afectados por dicha decisión, pues se les confundió para que no acudieran a los tribunales de justicia a impugnar sus despidos, dentro de los plazos laborales previstos para ello», concluye FIDAP.
