El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto conceder una partida de subvenciones a asociaciones de personas consumidoras de la región. La cuantía total de las ayudas aprobadas es de 99.653,75 euros, e incluye dos líneas. La primera tiene por objeto el desarrollo de una serie de programas de actividades en materia de consumo.
Con la segunda línea de ayudas se atenderán los gastos de gestión propios de las asociaciones derivados de su participación en órganos de representación, en el sistema arbitral de consumo o en la defensa de los procedimientos judiciales que lleven a cabo.
En este sentido, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha destacado que se trata de un paso más que da el Ejecutivo regional en el desarrollo y el compromiso adquirido con la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras aprobada en marzo, para cuya aplicación“las asociaciones de consumidores juegan un papel fundamental”. Escudero ha añadido que “para poder defender y velar por los derechos de las personas consumidoras desde el Gobierno Regional hemos creado la dirección general de la Agenda 2030 y Consumo, que va a ser la responsable de desarrollar dicha Ley”; ahora, ha subrayado, “queríamos dotar económicamente a las organizaciones para que puedan agilizar todos los trámites y quehaceres diarios que realizan en beneficio de la defensa de las personas consumidores de nuestra región”.
En la primera de las dos líneas, la cuantía subvencionada asciende a un total de 94.853,94 euros y se han beneficiado de ella siete organizaciones, entre las que se incluyen la Confederación de Consumidores de Castilla-La Mancha, Federaciones regionales de asociaciones de consumidores y asociaciones de ámbito provincial y local.
Escudero ha detallado que con este grupo de ayudas se van a financiar proyectos de las asociaciones de consumidores relacionados con “la gestión de oficinas virtuales y puntos de atención al consumidor, búsquedas web en el comercio electrónico, talleres de educación de consumo responsable, seguimientos de precios, actuaciones de detección de productos de dudoso origen, trabajos de campo para la obtención de datos, o formación para la atención al cliente”, ha especificado el consejero.
La segunda línea de ayudas pone a disposición de tres de las asociaciones un importe de 4.799,81 euros para actividades a desarrollar en el ámbito de la gestión ordinaria, como son la participación en los procedimientos de resolución alternativa de litigios, los ejercicios de consulta, participación y representación, y para la asistencia jurídica en los procedimientos administrativos y judiciales derivados de asuntos relacionados con intereses colectivos.
