El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha lanzado hoy desde el Parque Natural del Barranco del río Dulce un mensaje claro, tras conocerse ayer que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) reconocía por primera vez en la historia la existencia de más de 9.500 hectáreas de regadíos ilegales en Murcia que están afectado negativamente el ecosistema del Mar Menor.
“Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha pedimos al Ministerio de Transición Ecológica y a la CHS que investigue y pida una auditoría para determinar cuánta agua procedente del trasvase y, por tanto, de los pantanos de cabecera, van a abastecer los regadíos ilegales del Levante”, ha dicho el consejero. “Ésta es la punta del iceberg de un modelo insostenible de regadíos ilegales que se permiten y cuya columna vertebral es el trasvase Tajo-Segura”, ha enfatizado.
Escudero, que ha hecho estas declaraciones de forma previa a su participación en el ‘I Trail Río Dulce Centro de Interpretación de Mandayona’, ha resaltado que desde la región “no vamos a consentir ni un día más que el agua de nuestros embalses vaya a esos regadíos ilegales, mientras aquí nuestros pueblos ribereños incluso tengan que ser, en muchos casos, abastecidos por camiones cisternas para el agua de consumo humano”. Por eso, ha recalcado, “nuestra posición desde el Gobierno de Castilla-La Mancha es muy clara: vamos a exigir al Ministerio que se cambie ese modelo caduco basado en un Memorándum que fue aprobado por el PP y Cospedal” y que perjudica claramente a esta región.
Asimismo, ha recordado que el pasado martes, el Consejo de Gobierno abierto celebrado junto a los representantes de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, aprobó dos nuevos recursos contra el trasvase porque “consideramos que la Justicia nos ampara y nos da la razón, pues el Tribunal Supremo ha determinado preservar el caudal ecológico del río Tajo.
Por tanto, ha concluido, con ese reconocimiento de la CHG de la existencia de regadíos ilegales, “queremos que tanto la Confederación y el Minsiterio determinen a través de una auditoría cuánta agua de esos regadíos ilegales se suministran de los acuíferos y cuánta del trasvase, “porque nos parece que no se puede permitir”.
