El Gobierno regional busca la participación de personas y organizaciones del medio rural en la creación de la Ley contra la Despoblación

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha recordado hoy en Ciudad Real que actualmente está abierto el proceso de participación para la redacción de la futura Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento, que se encuentra en periodo de información pública el anteproyecto de Ley con el que el Ejecutivo Autonómico quiere recabar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas a las que afectará potencialmente esta normativa.

Martínez Guijarro, que se ha reunido con el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha asegurado que desde el Gobierno regional se quiere establecer la generación de actividad económica en el medio rural a través de un incentivo dirigido a las empresas.  “Se trata de un incentivo dirigido a aquellas empresas y empresarios que quieren generar actividad económica” en los municipios más pequeños, ha dicho, dado que la instalación de las empresas en estos territorios “conlleva un sobrecoste especial por su ubicación, alejados de los grandes núcleos urbanos”.

En este sentido, el vicepresidente ha insistido en que la nueva norma garantizará por ley la prestación de los servicios públicos en aquellos territorios que están perdiendo población. Entre ellos, ha destacado, la obligación de que haya “prestación de urgencias 24 horas al día con tiempos máximos de respuesta”.

Asimismo, la futura Ley pretende asegurar la prestación de servicios de dependencia, concretamente en el caso de los municipios con menor cantidad de habitantes, “donde toda la población es mayor de 65 años y, por lo tanto, no hay una población activa y hay una dificultad añadida en la prestación de determinados tipos de servicios como puede ser el servicio de ayuda a domicilio”, ha sentenciado Martínez Guijarro.

Además, el proyecto de Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra la Despoblación, asegurará la existencia de colegios en núcleos urbanos donde haya un número mínimo de alumnos, que continúa con la reapertura de colegios rurales iniciada ya en la pasada legislatura.

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