El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado hoy que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2020 contempla el incremento máximo autorizado por el Estado a las administraciones públicas en lo referente a retribuciones de los empleados públicos.
Este ha sido uno de los datos en relación al proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio que Ruiz Molina ha trasladado hoy al presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa Espadas, en la reunión que ambos han mantenido en la sede de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
En este encuentro, que se ha enmarcado en la ronda de contactos que el titular de Hacienda y Administraciones Públicas está manteniendo en las últimas semanas con los agentes económicos y sociales para informarles sobre este proyecto de Ley, que ya se está tramitando en las Cortes regionales, también se han abordado diferentes asuntos relacionados con las condiciones laborales de los empleados públicos.
Tras atender las reivindicaciones al respecto de CSIF, Ruiz Molina ha abogado por seguir avanzando en la recuperación progresiva de los derechos de los empleados públicos, una recuperación, ha indicado, que debe ser compatible con la de las condiciones y derechos de aquellas personas que no tienen empleo.
“Siempre hemos dicho que había que acompasar los derechos y las condiciones de los que tienen empleo, que son los empleados públicos de la Administración, con los derechos y las condiciones vitales de quienes no lo tienen”, ha añadido al respecto.
En relación con el peso de los gastos de personal, Ruiz Molina ha explicado que más del 60 por ciento del incremento del techo de gasto que se aprobó para el próximo ejercicio por las Cortes de Castilla-La Mancha está destinado a cubrir los incrementos de gastos de personal, ya sea por las mejoras retributivas ya sea por el aumento de las plantillas.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha trasladado también a Retamosa, que ha estado acompañado por la vicepresidenta y secretaria de negociación de CSIF, Victoria Ortiz Fernández, que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para el próximo año prioriza los servicios públicos en sus dos aspectos más importantes, que son los gastos de personal y los medios materiales.
Los gastos de personal, tal como se recoge en el proyecto de Ley, ascienden a 3.400 millones de euros, que son 286 millones más que en las últimas cuentas aprobadas, las correspondientes al ejercicio 2018.
“No podemos abogar por una mejora de los servicios públicos si no abogamos al mismo tiempo por una mejora de las condiciones laborales de aquellos que tienen que prestar esos servicios públicos”, ha enfatizado Ruiz Molina.
6.000 plazas de empleo público con el II Plan de Impulso a los Servicios Públicos
A continuación, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha estado acompañado del director general de Presupuestos, Isidro Hernández Perlines, y el de Función Pública, José Narváez Vila, se ha referido a otros de los temas que se han abordado en el encuentro con CSIF y que ha sido la convocatoria de ofertas de empleo público aprobada en Consejo de Gobierno.
Tras indicar Retamosa que en la legislatura pasada se aprobaron más de 9.000 plazas de empleo público, Ruiz Molina ha añadido que próximamente se negociará con los sindicatos de la función pública la Oferta de Empleo Público de 2019, con lo que serán 12.000 las plazas previstas en el I Plan de Impulso a los Servicios Públicos.
En cuanto al II Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2020 – 2023, se contempla la aprobación de cerca de 6.000 plazas de empleo público en ese periodo, que es una cuantificación de mínimos, ya que “en la medida en que se vayan aprobando los Presupuestos Generales del Estado, que son la normativa básica para aprobar ofertas de empleo, se irán ajustando las cifras”.
El 70 por ciento del gasto no financiero se destina a sanidad, educación y servicios sociales
También durante la rueda de prensa, el presidente de CSIF y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas se han referido al gasto social previsto en el proyecto de Ley de Presupuestos regionales para 2020, que asciende al 70 por ciento del gasto no financiero, una cifra con la que Retamosa ha manifestado estar de acuerdo.
A este respecto, Ruiz Molina ha indicado que la financiación de los pilares básicos del Estado de bienestar, es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales, es uno de los dos objetivos principales de los presupuestos para el próximo año. Al otro gran objetivo, la incentivación del crecimiento económico, a través de la generación de empleo, se destinan más de 420 millones de euros.
