La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha obtenido el compromiso del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, de poner fin a las penalizaciones económicas por incapacidad temporal (IT) para los empleados públicos, según ha informado en nota de prensa.
En una reunión mantenida para abordar los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2020, en el que han participado el presidente y vicepresidenta de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa y Victoria Ortiz, se ha puesto fecha para el fin de este recorte laboral: entre el 1 y el 20 de enero.
Julio Retamosa, en rueda de prensa posterior conjunta con el consejero, ha señalado que “hoy podemos decir que hemos conseguido algo que llevábamos mucho tiempo reclamando. El consejero ha accedido a poner fin a las penalizaciones por incapacidad temporal. Castilla-La Mancha es todavía la única comunidad autónoma que mantiene los recortes salariales en la baja médica de los empleados públicos”.
La penalización económica de la IT se implantó en 2012 por medio de la conocida ‘Ley Cospedal’ y concluía en el ámbito estatal en marzo de 2018 gracias al II Acuerdo de Mejora del Empleo Público firmado por CSIF con el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en Castilla-La Mancha los trabajadores que dependen de la Administración regional han continuado sufriendo una pérdida en su nómina del 50% durante los tres primeros días de baja por contingencia común y del 25% entre el cuarto y vigésimo día de baja (el descuento salarial concluye a partir del vigésimo primer día).
Mantener este recorte, instaurado en su momento bajo el pretexto de reducir el absentismo, “suponía un desprecio hacia la profesionalidad del conjunto de los empleados públicos de Castilla-La Mancha. Agradecemos al Gobierno regional, y en particular al consejero de Hacienda, este paso adelante. Para CSIF era una reivindicación que hoy se ve cumplida”, subrayaba Retamosa.
Más puntos.
La
Central Sindical considera que el proyecto de Ley carece de medidas
clave en materia de Función Pública y ha presentado otras propuestas
concretas para su mejora.
El proyecto de ley de los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2020 refleja un aumento del 9,1% en gastos de personal, insuficiente para la recuperación de la pérdida arrastrada de puestos de trabajo. En esta línea, CSIF ha manifestado que considera totalmente insuficientes las 6.000 plazas de Oferta Pública de Empleo (OPE) hasta 2023 dentro del II Plan de Impulso de los Servicios Públicos. El presidente de CSIF añadía que “hay que realizar convocatorias muy muy amplias en todas las áreas, y al consejero en concreto le hemos trasladado que hay una falta de personal alarmante en residencias de ancianos de la Junta de Comunidades y también en los ámbitos más alejados de las capitales de provincia, como en las oficinas comarcales agrarias, ya que en muchos casos no se autoriza la cobertura de las vacantes”.
En materia retributiva, Retamosa añadió que los empleados públicos de la región han sufrido una pérdida salarial acumulada superior al 20% desde 2010, por lo que “el Gobierno regional debe ser consciente de que queda mucho por recuperar. En los Presupuestos la subida queda supeditada a que haya un aumento a nivel nacional. Asimismo, queda pendiente la aprobación de la disposición de un 0,75% de fondos adicionales, recuperar el 0,4% de masa salarial para el Plan de Acción Social y regular la bolsa de horas de conciliación que provienen el Acuerdo Nacional de marzo de 2018, aspectos no reflejados pero que el consejero se ha comprometido a estudiar”.
“Creemos que es necesario ayudar al acceso al empleo, en ello estamos de acuerdo, pero no con las subvenciones millonarias que se dan a CCOO, UGT y a la patronal. Pedimos que se dote de calidad al empleo, con más de un 90% de precariedad en la región”. En esta línea, CSIF lamenta que las tres organizaciones “han recibido 4.4 millones de euros con motivo de los planes de empleo, y en total, junto a otras ayudas, 38,3 millones de euros. Hemos propuesto que esa cantidad se destine al 33,5% de la población castellano-manchega que está en el umbral de la pobreza y de las 143.000 personas que ingresan en sus hogares menos de 355 euros al mes”.
Por último, Retamosa ha valorado el diálogo de la Junta de Comunidades y del consejero de Hacienda “para avanzar juntos en el desarrollo de Castilla-La Mancha, hay que hacer modificaciones en este proyecto de Ley para conseguir una Función Pública de calidad y mejorar las condiciones de los empleados públicos de la región”.
