Comunicado.- La alcaldesa de Miguelturra, Laura Arriaga, ha pedido a todos los portavoces de los grupos municipales que componen la corporación el apoyo de sus grupos, de forma unánime y sin fisuras, en cuantas medidas se emprendan para intentar evitar que el Ayuntamiento se haga cargo del pago de la hipoteca que tiene como aval el edificio que alberga el colegio de educación Primaria “María Elena Maseras”.
Arriaga ha pedido esta unión y colaboración en la última reunión de la Junta de Portavoces celebrada hasta que se vuelva a conformar legalmente, dado que se han producido unas nuevas elecciones municipales, la comisión creada ex profeso en la que se analizaban todas las cuestiones que afectaban al edificio y los terrenos de la que fuera la sede de la CEOE-Cepyme.
Tanto la alcaldesa como todos los grupos políticos de la corporación están de acuerdo en que el Ayuntamiento de Miguelturra no contrajo esa deuda, por lo que no debe pagarla. “Lucharemos hasta el final para que los vecinos y vecinas de Miguelturra no carguen con una hipoteca que no contratamos y que hasta desconocíamos que se hubiese concedido”.
Arriaga recordó que, en este asunto, siempre ha existido unanimidad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, tanto en la cesión de los terrenos, en el año 2002; cuando se aprobó, en 2013, pedir la reversión de dichos terrenos o cuando también se decidió, en pleno, en enero de 2018, ceder dicho edificio a la Junta para la construcción del actual colegio “María Elena Maseras”.
En la reunión de la Junta de Portavoces, la alcaldesa informó de que ya se ha reunido con la consejera de Educación de Castilla-La Mancha, quien le ha manifestado su apoyo en cuantas negociaciones y reivindicaciones que se lleven a cabo ante el Banco Castilla-La Mancha para solucionar esta cuestión. Arriaga también informó de que se ha reunido, asimismo, con el presidente de la Diputación de Ciudad Real, quien le ha expresado su predisposición absoluta para que se desbloquee esta cuestión de la forma más positiva para los intereses municipales y regionales.
“Miguelturra no puede hacerse cargo de una hipoteca que no firmó, que mermaría gravemente las arcas municipales y que supondría una deuda a perpetuidad para sus vecinos y vecinas por la mala gestión de los dirigentes de una organización empresarial que terminaron condenados por ello”, por lo que, indicó Laura Arriaga, toda la corporación, llegaremos hasta donde haga falta para evitar dicho pago.
La alcaldesa quiere tranquilizar, de nuevo, a toda la comunidad educativa, tanto a profesores, como a padres y madres y alumnos del colegio “María Elena Maseras” porque, pase lo que pase, la escolarización de los niños está garantizada en condiciones óptimas como hasta ahora.
Estoy hasta las narices de tanta falacia como se viene vertiendo sobre el tema de la cesión del terreno propiedad municipal a la CEOE-CEPYME.
En el año 2002 como afirma la alcaldesa es cierto que hubo unanimidad entre los grupos políticos pues tan solo estaba el PSOE y el PP, no había mas grupos ni en el gobierno ni en la oposición, en dicho Pleno se cedieron los terrenos a la CEOE y tambien a la Cooperativa para que trasladara sus instalaciones a la denominada «Huerta del Recreo». Ambas cesiones municipales supusieron una merma del patrimonio público.
Los terrenos cedidos a la CEOE llevaban aparejados una condición esencial que la CEOE no cumplió y que consistia que debería realizar cursos de formación que por cierto los empresarios no cumplieron habiendo sido esto causa suficiente de reversión de los terrenos al patrimonio del Ayuntamiento, que el PSOE no quiso revertir.
Ahora dice la alcaldesa que Miguelturra no puede hacerse cargo de una hipoteca que no firmo, pero si que consintio que la CEOE gravase con una hipoteca un terreno municipal sin hacer constar en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal el gravamen que la la CEOE tenia contraído
con el Ayuntamiento que hubiera sido causa suficiente para que la entidad bancaria no hubiera concedido el préstamo solicitado y concedido a los empresarios.
Ahora que nos resta mendigar a la Junta de Comunidades, mendigar a la Diputación cuando los que realmente deben ni han pagado sus deudas ni lo pagaran ni con dinero ni en la cárcel que es donde deberían estar.
Todo se podría haber solucionado de una forma muy sencilla. sin la necesidad de jusgados ni de abogados ni de fiscales, bastaría con que el Ayuntamiento huera hecho un expediente administrativo de reversión de los terrenos por el incumpliendo de la CEOE de realizar los cursos de formación, pero claro esto no le ha interesado nunca al PSOE.