La alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, ha lamentado este lunes la «profunda injusticia» que supone para la ciudad minera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla–La Mancha que obliga al consistorio a pagar 8.808.698 euros, más intereses legales, por la expropiación de terrenos de suelo rústico situados frente al cementerio.
En rueda de prensa convocada después de que el Partido Popular diera a conocer que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra esta sentencia, de noviembre de 2018, la regidora ha aseverado que «acatará» la decisión, pero no comparte la «profunda injusticia» de una resolución judicial que «condena el interés general» del pueblo de Puertollano con una suma equivalente al 20% del presupuesto municipal.
A su juicio, se ha puesto de manifiesto, en este caso, que la Justicia se ha mostrado «ajena a la realidad social» de un municipio sometido a un plan de ajuste, al otorgar a un simple «barbecho» un valor de casi 9 millones de euros que «ni lo tiene ahora, ni lo ha tenido nunca», tomando como referencia un Plan General de Ordenación Urbana que de antiguo «ya está amarillo».
En todo caso la alcaldesa ha enfatizado que el equipo de Gobierno trabajará para «paliar las consecuencias» que el pago pudiera tener y para asegurar el mantenimiento de los servicios básicos municipales. En este sentido ha apuntado que pondrá en conocimiento de los tribunales la situación por la que atraviesa Puertollano para que la «tengan en cuenta» a la hora de dictar la ejecución y el modo de pago a los denunciantes. Se trata, en suma, de pedir a la Justicia un plazo razonable para compatibilizar el acatamiento con el interés general. «Debe existir esa sensibilidad de la Justicia cuando se condena a una ciudad como Puertollano», ha remachado.
Además, la regidora ha criticado lo que considera «oportunismo» político del PP al dar a conocer la providencia del Tribunal Supremo en una nota que «no ha querido firmar ninguno de los tres concejales a que se ha visto reducida esta agrupación». Isabel Rodríguez ha enfatizado que el equipo de Gobierno no ha querido hacer pública antes la decisión del alto tribunal desde la «prudencia y la responsabilidad» en la gestión, ya que, ha subrayado, el consistorio aún no ha recibido el certificado de la firmeza de la sentencia por parte del TSJCM ni el modo de ejecución.
En este contexto ha referido que, por las mismas razones, «no informó» de otra sentencia prácticamente coincidente en el tiempo, relacionada con la gestión urbanística de unas parcelas en Ciudad Jardín que resultó «muy favorable» para los intereses municipales. En este caso el Juzgado de lo Contencioso Administrativo daba la razón al consistorio frente a la pretensión de los denunciantes, que reclamaban 21 millones de euros.
