Urbanismo terminal

Días pasados y ante la noticia de la legalización masiva de 327.000 viviendas irregulares existentes en Andalucía, pudimos oír afirmaciones taimadas, como que tal hecho se producía fundamentalmente desde motivaciones políticas del gobierno conservador del Partido Popular y Ciudadanos, obrante en la Junta de Andalucía tras treinta y ocho años de mayoría de gobierno del PSOE en exclusiva.

Como si la ilegalidad urbanística tuviera padres exclusivos y acusadores excluyentes; como si todo fuera el manido ‘Y tu más’. Obviando quienes realizaban tal afirmación oblicua y equilibrista, que esos esfuerzos administrativos producidos por “sacar del limbo miles de viviendas irregulares”, comenzaron y principiaron, justamente en 2003, esto es en pleno mandato del PSOE en Andalucía.

Obviando además, que el paquete de decretos producidos anteriormente por la administración socialista, entre 2012 y 2018, sólo habían conseguido regularizar 1.500 viviendas, que evidenciaban el fracaso de la programación de suelo, la nulidad del valor del planeamiento y el deterioro de la ordenación urbana. Reflejando además, un problema encadenado y doblemente existente, que mostraba la endeblez histórica de la Disciplina Urbanística (y aún del Urbanismo mismo y del consecuente Derecho Urbanístico) durante los últimos treinta años o más; que es casi como decir desde el nacimiento de los primeros Ayuntamientos democráticos, en 1979, que tanto pugnaron y exhibieron el músculo del urbanismo democrático, frente a la deriva de la especulación urbanística precedente. Y reflejando, además, el paquidermismo zoológico del Planeamiento Urbano. Que suele tardar en Andalucía un plazo  medio de 9 años en la aprobación del Planeamiento general, más 2 años del planeamiento de desarrollo.  Endeblez y paquidermismo de la administración urbanística que no justifican las ilegalidades consumadas, pero las hacen más digeribles a ojos vista.

Cifras estas de los plazos temporales de tramitación del planeamiento que en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha por extensión,  cuentan con baremos similares: 10 años de media y de plazo. Como puede observarse en las tramitaciones de los POM de Puertollano o de Bolaños, que han consumido y consumado a varias corporaciones municipales. O como en Ciudad Real, donde la incapacidad para redactar un nuevo POM que sustituyera al de 1997, hizo rescindir los trabajos verificados a nivel de Avance de Planeamiento, porque respondían sus esquemas al esplendor inmobiliario anterior a 2008, inhábil ya en 2018. Y hubo que indemnizar al equipo redactor de los trabajos preliminares con 80.000 euros, tirados por la alcantarilla. Y ello pese que en las oficinas de la antigua Gerencia Municipal siga exhibiéndose la placa inútil de Oficina del POM. Oficina del POM sin POM, como un silogismo de la escasez.

Por lo que, es normal, que un Urbanismo lento, paquidermizado y tardío, que siempre llega tarde a solventar los problemas planteados en el territorio y en la ciudad, no sirva para nada. De la misma forma que se suele decir de la Justicia, que cuando llega tarde no es Justicia, podemos decir del Urbanismo, que cuando llega tarde no sirve para nada, ni resulta eficaz. Dejando su recorrido histórico y conceptual en un borrón de difícil reparación y de peor defensa.

Por eso la actuación del Gobierno Municipal de Ciudad Real (hoy del PSOE con Ciudadanos, ayer del PSOE con apoyo de Ganemos, y antes de ayer del Partido Popular en solitario: en suma, todo el arco político municipal habido y por haber) por eludir la sentencia de demolición producida en las viviendas ilegales del paraje de La Pedregosa, prolongando sin rectificar el planteamiento corrector de la Junta de Andalucía con su medida legalizadora. Medida legalizadora donde queda clara la excepción de su ámbito de aplicación, al excluir las  viviendas ilegales en zonas protegidas, en zonas inundables con matices, en los primeros 100 metros de costa y en aquellos casos de viviendas ilegales que cuenten con sentencias firmes en su contra. Como las que nos ocupan. Que contando con sentencia firme y no recurrible, opten por el indulto judicial.

Y ahora desde la Corporación municipal, pretendan alterar la consideración del suelo (suprimiendo la protección especial) sobre el que se levantaron las viviendas sin licencia, para hacer digerible no la legalización posible sino el bloqueo de de facto de la sentencia. Por más que la pirueta, avalada por el Pleno Municipal, ignore cierta irretroactividad normativa. Si ahora ‘ex post’ cambia la especial protección del suelo, la infracción del pasado seguiría existiendo, por muchas bendiciones que se otorguen.

En todo caso, lo que queda claro a estas alturas del relato técnico y social del Urbanismo como ámbito de conocimiento y de práctica política, es la idoneidad del extraño título que Fernando Ramón diera a uno de sus trabajos de los años setenta, como Miseria de la ideología urbanística.  Por lo que a la vista de donde estamos llegando, tendríamos que aceptar la afirmación alterada del líder nazi Goebels (‘Cada vez que me hablan de cultura saco la pistola’) y matizada por la actualidad, de que ‘Cada vez que me hablan de urbanismo, saco la pistola’. Y no doy más pistas.  

Periferia sentimental
José Rivero