El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes un paquete de ayudas por valor de más de 9,6 millones de euros con el objetivo de fomentar el ahorro y la eficiencia energética en pymes y grandes empresas industriales de la región hasta 2024.
Tal y como ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, se trata de una medida con la que el Gobierno regional quiere fomentar “el ahorro y la eficiencia energética” del tejido empresarial de Castilla-La Mancha, al mismo tiempo que “se reducen las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final”.
Gracias a este conjunto de ayudas, ha explicado Fernández, se mejorará, por un lado, la tecnología en equipos y procesos industriales y, por otro, “se dará un impulso a la implantación de sistemas de gestión energética” en las empresas del sector en la región, lo que “viene a reforzar la estrategia del Ejecutivo de García-Page en la consecución de un sistema productivo moderno, sostenible y respetuoso con el medio ambiente”.
Eficiencia energética, reducción de emisiones y ahorro para las empresas
Así, gracias a esta medida a la que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde esta semana, se podrán realizar inversiones para la sustitución de equipos e instalaciones y sistemas auxiliares consumidores de energía, por otros que utilicen tecnologías de alta eficiencia energética; todo ello, con el objetivo de reducir el consumo de energía final y las emisiones de CO2 de las instalaciones industriales de la comunidad autónoma. A este apartado se destinarán más de 8,6 millones de euros a razón de 1,7 millones de euros al año.
Del mismo modo, ha detallado la consejera de Igualad y portavoz, a través de estas ayudas se podrá acometer la instalación de sistemas de medición de las variables de consumo de energía y el establecimiento de los sistemas informáticos necesarios para el análisis, regulación y control que permitan el óptimo funcionamiento de estas instalaciones.
Unos sistemas a los que el Ejecutivo destinará cerca de 1 millón de euros hasta 2024 y que, ha subrayado Fernández, “no sólo reducirán el consumo de energía final, sino que supondrán un importante ahorro” para las empresas del sector industrial de Castilla-La Mancha que accedan las ayudas, además de favorecer la disminución de emisiones contaminantes y de proporcionar a las industrias de la región “la obtención de información de forma rápida y precisa” para la gestión energética de estas instalaciones.
A estas ayudas, cuya cuantía total asciende a 9.628.878,45 euros, podrán optar tantos las pymes como las grandes empresas del tejido industrial de Castilla-La Mancha, además de las empresas suministradoras de servicios energéticos de la región.
Estrategia global contra el cambio climático
La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional ha hecho hincapié asimismo en que este paquete de ayudas no es “una medida aislada” sino que “forma parte de una estrategia global contra el cambio climático” que se desarrollará a lo largo de la presente legislatura y que ya fue avanzada por el ejecutivo de Emiliano García-Page durante los últimos cuatro años.
Una planificación que, desde la creación de la propia Consejería de Desarrollo Sostenible, “pone de manifiesto el compromiso con el medio ambiente, la sostenibilidad y el crecimiento económico con respeto a nuestro patrimonio natural” que defiende el Gobierno de Castilla-La Mancha y que, ya entre 2015 y 2019, se vio refrendado con medidas como la Ley Antifracking, la oposición a la construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) y al desarrollo de proyectos empresariales relacionados con las tierras raras en la provincia de Ciudad Real o a los cerca de 40 recursos presentados contra los sucesivos trasvases aprobados desde los embalses de cabecera del Tajo a las regiones del Levante, entre otros.
Tal y como ha recordado Blanca Fernández, esta estrategia global en la lucha contra el cambio climático “sigue siendo prioritaria hoy más que nunca para este gobierno”; razón por la que, entre las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico, se encuentre la aprobación de la nueva Ley de Economía Circular, cuyo registro en las Cortes regionales se produjo el pasado 2 de septiembre; una normativa, ha recalcado, “pionera en España”, que dará lugar a un cambio en el modelo productivo de la economía regional y que, además, conllevará la creación de hasta 30.000 nuevos puestos de trabajo.
En este empeño, ha abundado la consejera portavoz, también se enmarcan los objetivos de liderar la producción de energía limpia en Europa y seguir fomentando la eficiencia energética en hogares, empresas y las propias administraciones.
En este sentido se ha referido, entre otros, el plan estratégico para proceder a la dotación de techos solares en edificios públicos y que, hasta 2025, permitirá un ahorro de hasta 150 millones de euros; un programa incluido en la Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha horizontes 2020 y 2030 que, ha recordado, se aprobaba el pasado 29 de enero y que marca “una hoja de ruta clara y un marco favorable para avanzar hacia un futuro más sostenible y en línea con los objetivos europeos”.
Asimismo se ha referido a las ayudas para la adquisición y transformación de vehículos eficientes; línea que, ha confirmado, tendrá continuidad en este nuevo mandato y que la misma Administración autonómica “ha hecho suya” con la renovación paulatina e integral de la flota del parque móvil de la Junta de Comunidades, que se inició a finales de 2018.
A esta misma estrategia, ha continuado Fernández, pertenecen medidas como la progresiva instalación de hasta 200 puntos de recarga eléctrica en edificios públicos de la región, con el que se dará “un claro empujón a la movilidad urbana multimodal sostenible”, al mismo tiempo que se contribuye a la reducción de la emisiones de dióxido de carbono.
Asimismo, ha hecho referencia a la Estrategia Regional de Biomasa, en la que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido 14 millones de euros hasta el curso 2018-2019 y que ha evitado hasta ahora la emisión de cerca de 2.800 toneladas de CO2 a la atmósfera, o la puesta en marcha de la futura Estrategia de Movilidad Sostenible que aglutinará e incrementará las líneas de ayuda para la adquisición de vehículos eficientes y fomentará la instalación de gasineras, electrolineras e hidrogeneras en Castilla-La Mancha.
Por último y “conscientes de que la concienciación sobre el respeto al medio ambiente debe construirse desde el inicio” y de que “todos hemos de asimilar” que “hay que conservar nuestro agua, nuestro medio ambiente, nuestros montes, nuestra tierra, no como si fuera una herencia de nuestros padres, sino como si fuera un préstamo de nuestros hijos”, durante esta legislatura, el Gobierno regional desarrollará el Plan de Educación Ambiental, que fue recuperado por la Administración autonómica en el mandato 2015-2019.
Castilla-La Mancha, una región energéticamente autosuficiente
A juicio de la consejera de Igualdad y portavoz, convertir a Castilla-La Mancha en un referente a nivel europeo en cuanto a sostenibilidad ambiental “está al alcance de la mano” y supone “una apuesta de futuro viable, posibilista y rentable en el medio, corto y largo plazo” que llevará a la región a contar con hasta 17.000 megavatios de potencia instalada.
De hecho, ha incidido Fernández, la comunidad autónoma ya destaca por ser “una región energéticamente autosuficiente” ya que “desde fuentes renovables se produce más de lo que se consume”. En este sentido, ha recordado que uno de cada cinco megavatios de energía limpia que se produce en España, sale de Castilla-La Mancha, primera en generación de energía solar fotovoltaica, segunda en eólica y que cuenta con una mayor capacidad de evacuación de energía.
Asimismo ha incidido en que, el 73 por ciento de la potencia instalada en la región procede de fuentes renovables, frente al 51 por ciento de media nacional y que más del 50 por ciento de la energía generada procede de energías limpias, lo que equivale a casi el 100 por ciento de la energía eléctrica de Castilla-La Mancha.
