El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno para registrar el próximo lunes en las Cortes de Castilla-La Mancha cuatro leyes que marcarán la hoja de ruta en los primeros meses de su gestión.
Cuatro leyes que forman parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno del presidente Emiliano García-Page y que se retoman ahora, tras no poder aprobarse en la pasada legislatura, como son la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, la Ley de Economía Circular, la Ley de Evaluación Ambiental y la Ley de Participación Ciudadana.
Así lo ha dado a conocer la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, quien ha valorado un comienzo de legislatura en el que “el presidente García-Page apuesta de forma decidida por la igualdad en el mundo rural, la sostenibilidad medioambiental, la modernidad y la participación ciudadana, y la implantación de proyectos en el entorno rural».
Visibilizar a las mujeres en el ámbito rural
Sobre el primero de los casos, Fernández ha dejado claro que “el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha responde al compromiso de dar visibilidad a las mujeres en el medio rural”, y ha añadido que con ello se “pretende cubrir el déficit que tienen en el mundo rural, donde sufre una doble discriminación. Por un lado, el difícil acceso al mercado laboral y, por otro, el de la conciliación”.
En este contexto se enmarca el objetivo de garantizar los derechos de las mujeres en el medio rural a través de diversas fórmulas, entre ellas, fortaleciendo la figura de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y “haciendo que la mujer sea visible”, lo que se traduce, por ejemplo, en que figure en los papeles como poseedora de los derechos de la Política Agraria Común (PAC) y como agricultora o ganadera, “cuestión que hasta ahora es muy problemática, ya que suele ser el hombre el que figura como agricultor o ganadero y también como poseedor de los derechos de la PAC, y esto lo queremos cambiar”.
Cabe recordar que el Gobierno del presidente García-Page ha trabajado en este mensaje desde el inicio de la pasada legislatura, y ya se ha plasmado en la priorización de las mujeres en todas las líneas en las que ha sido posible, como los proyectos de titularidad compartida, o todos aquellos presentados por mujeres, tanto en la modernización de explotaciones como en la incorporación de jóvenes al medio rural.
En este punto, ha valorado que, durante la pasada legislatura, un total de 800 mujeres se incorporaran al campo, un tercio del total de jóvenes que comenzaron su actividad en el medio rural gracias al impulso del Ejecutivo castellano-manchego, así como se consiguiera quintuplicar el número de titularidades compartidas en la comunidad autónoma.
Una Ley de Economía Circular pionera
“Esta ley será la primera sobre esta materia en España”, y con ella se impulsa el cambio de modelo de la economía regional, de uno lineal a uno circular, incluyendo conceptos como “la reelaboración, reutilización, reparación, recogida y reciclado”, transformando el residuo en recurso y que “va a permitir generar 30.000 puestos de trabajo”.
Fernández ha detallado que la ley incorpora los incentivos para las empresas que apuesten por la economía circular; las tasas para la gestión en vertedero de residuos potencialmente recuperables y fianzas para las empresas que gestionen residuos peligrosos en Castilla-La Mancha dentro de la Estrategia Regional de Lucha contra el Cambio Climático.
En el anteproyecto de Ley se reconoce como economía circular el modelo económico que se incluye en el marco del desarrollo sostenible y que optimiza el uso de los recursos naturales; cierra los ciclos de agua, energía y materia; minimiza los impactos ambientales; y fomenta la eficacia al conseguir que los productos y recursos mantengan su utilidad y valor el mayor tiempo posible.
Por tanto, la portavoz del Gobierno castellano-manchego ha incidido en que “se trata de cambiar los mecanismos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, reduciendo con ello el consumo de materias primas, energía y recursos y, a su vez, evita emisiones y pérdida de materiales”.
Y es que, Fernández ha advertido que el patrón actual de crecimiento económico se ha revelado insostenible, y eso hace necesario sustituirlo por un modelo de desarrollo basado en el uso óptimo de recursos, materias y productos para reducir al mínimo la generación de residuos.
Claridad y simplificación de la regulación ambiental
La regulación de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos haciendo compatible la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y sostenible de nuestra región, especialmente en el medio rural, también tendrá su regulación normativa.
Una Ley de Evaluación Ambiental que pretende simplificar la interpretación de la normativa para los múltiples actores que intervienen en los procedimientos de evaluación ambiental, como son ciudadanos y empresas; funcionarios del órgano ambiental y otras administraciones que tienen que dar la última autorización a los proyectos. “Se trata de facilitar la tarea, en especial a los pequeños ayuntamientos, o bien los organismos o entidades consultadas. De esta forma se evitarán inseguridades jurídicas y falta de claridad”, ha remarcado Fernández.
Entre los aspectos más novedosos de la ley está la posibilidad que se le da al órgano ambiental para que no admita un proyecto por la inviabilidad manifiesta o por calidad insuficiente de la documentación; algo que en estos momentos no se produce. Y es que, hasta ahora, aunque el proyecto fuera claramente inviable, entra y sigue todo el recorrido que la evaluación requiere, con la consiguiente pérdida de recursos y eficiencia que esto genera.
Otro aspecto novedoso de la ley es que no necesitarán evaluación ambiental simplificada los proyectos tan pequeños que por sus características no generan un impacto medioambiental significativo, pero que en la actualidad requieren de esta evaluación, “provocando un freno al desarrollo económico y social en el medio rural”, ha afirmado la portavoz.
Y ello se hará mejorando la puesta a disposición del público de la información de este tipo de procedimientos con el fin de facilitar al máximo la participación y la transparencia.
Por último, de la Ley de Participación Ciudadana, Fernández ha destacado la contribución de más de 700 personas y 70 entidades en la elaboración del anteproyecto, una normativa que regulará el procedimiento para que la ciudadanía pueda manifestar su opinión sobre políticas públicas de Castilla-La Mancha, ya que hasta ahora había procesos de participación que no tenían reglas claras.
Además, la futura ley incorpora tres elementos, como son los presupuestos participativos, la rendición de cuentas de cargos públicos y la evaluación y control de las políticas públicas.
