El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Ciudad Real ha declarado la nulidad de las bases de la convocatoria del concurso-oposición para promoción interna aprobadas por la Junta de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real el 10 de julio de 2018.
El Juzgado ha dado así la razón a un ciudadano que interpuso la demanda bajo la dirección de la letrada Mara González Almansa por considerar dicha convocatoria «ilegal» al haberse reservado la totalidad de las 68 plazas convocadas a los funcionarios que ya trabajaban en la Diputación (promoción interna) y restringir así el acceso a la función pública al resto de ciudadanos.
Según señala la abogada en una nota, que incluye la sentencia, la Diputación intentó en el acto del juicio, sin éxito, defender la legalidad de la convocatoria «sin aportar, a criterio del juez, ni una sola justificación solvente ni suficiente del porqué de su actuación». «Incluso lleva al juez de instancia a concluir que la Diputación aportó documentos al procedimiento que fueron creados ex novo para tal fin», subraya.
A juicio de la letrada, si bien la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, crea un precedente «al considerar sin albergar dudas» que la Diputación de Ciudad Real «ha infringido la ley», decretando al mismo tiempo que las 68 plazas creadas para los 68 funcionarios que se presentaron al proceso de concurso oposición «son nulas y todos los afectados deberán volver a su puesto anterior», concluye.
Por su parte, la vicepresidenta de Personal de la Diputación de Ciudad Real, Jacinta Monroy, ha anunciado que la institución recurrirá la sentencia, alegando que se reservaron un total de seis de las plazas convocadas para postulantes de fuera de la institución y recordando que se puso en marcha dicha convocatoria tras un acuerdo tomado por unanimidad en el seno de la Mesa de Negociación de la institución y de la mano con sindicatos.
En declaraciones a Europa Press, Monroy ha explicado que la sentencia recoge la necesidad de dejar plazas de libre acceso más allá de la promoción interna, pero la Diputación «dejó seis plazas, con lo que ya se cumplía con la normativa».
Monroy ha defendido que se cumplió con los trámites tanto de realizar la convocatoria de forma consensuada con los sindicatos como de contar con asesoramiento jurídico, razón por la que presentarán recurso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
