El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana un gasto de 18,2 millones de euros para la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas y mantenimiento de plazas en centros de atención a personas mayores durante el año 2019, según ha informado hoy el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando.
Hernando ha explicado que a través de esta convocatoria se ayudará a sufragar los gastos de personal y mantenimiento de plazas en residencias, viviendas y centros de día para personas mayores y servicios de estancias diurnas destinados a personas con dependencia o en proceso de reconocimiento del grado de dependencia, así como programas y proyectos vinculados al envejecimiento activo y saludable.
Se trata, ha asegurado, de “recursos fundamentales en nuestro medio rural porque garantizan una atención de calidad a nuestros mayores a la vez que ayudan a la generación de empleo, sobre todo femenino”.
La convocatoria ha incrementado este año su dotación presupuestaria en 250.000 euros para dar cabida a los recursos abiertos en Castilla-La Mancha a lo largo de 2018, como el nuevo Centro de Día para mayores dependientes en Chillón (Guadalajara), la residencia de mayores en Aldeanueva de Barbarroya (Toledo), dos viviendas de mayores en Navas de Estena (Ciudad Real) y en Puerto de San Vicente (Toledo), y las nuevas residencias abiertas en Lezuza y El Ballestero (Albacete), en Almoguera (Guadalajara) y en Villamayor de Santiago (Cuenca).
Ayudas a huérfanos y personas dependientes víctimas de violencia de género
El Ejecutivo autonómico también ha aprobado el Decreto por el que se aprueban la concesión directa de ayudas a menores de edad que han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de esta violencia de género.
El Gobierno regional desarrolla así la ley aprobada el año pasado, que sitúa a Castilla-La Mancha a la vanguardia de la lucha contra esta lacra, afrontando de manera directa la desprotección de los hijos e hijas de mujeres víctimas mortales de la violencia machista y de las personas dependientes que tenían a su cargo, con el objetivo de paliar la situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentran tras afrontar un proceso de este tipo.
“Una ley que protege a las hijas e hijos cuya madre haya sido asesinada o bien por su padre o bien por el hombre con el que su madre tuviera o hubiera tenido una relación afectiva de pareja, reconociendo de esta manera laorfandad absoluta de éstos aunque el progenitor y asesino de la madre esté vivo”, ha aseverado Hernando.
De este modo, se prevén ayudas de 2.000 euros anuales por cada hija o hijo de la mujer víctima mortal de la violencia de género, cuando el homicidio o asesinato lo hubiera cometido el hombre con el que la madre hubiese mantenido una relación afectiva de pareja, y de 4.000 euros anuales cuando el crimen se cometiese por el padre, ya que la situación de orfandad absoluta requiere de una mayor protección.
Dichas ayudas tendrán efecto retroactivo si el huérfano o huérfana por violencia de género sigue siendo menor de edad en el momento de la entrada en vigor del presidente Decreto.
En cuanto a la ayuda a familiares en situación de dependencia, se concederá una ayuda única en función del grado de dependencia por cuantía de 4.000, 9.000 ó 15.000 euros. Estas ayudas, ha subrayado el portavoz, “serán compatibles con la percepción de las ayudas a la Dependencia a las que las personas beneficiarias puedan tener derecho”.
Suspensión de las autorizaciones de locales de juevo previstas para 2019
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha acordado la suspensión de las diez autorizaciones de instalación de locales de juego previstas para el año 2019.
Hernando ha recordado que en diciembre de 2017 el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo encaminado a planificar el número de establecimientos de juego, cualquiera que fuera su tipología, que se podrían establecer en la región fijando un cupo de diez autorizaciones para el año 2018 y otras diez para el año 2019.
El portavoz ha explicado que tras un estudio elaborado a principios de este año desde la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, en el que se analizan las nuevas circunstancias socioeconómicas que se han producido desde 2017, “el Gobierno regional cree que lo más conveniente es suprimir el cupo de diez autorizaciones de instalación previstas para este año”.
La suspensión, ha argumentado, se produce “dado el actual contexto social, donde el incremento de locales de juego y de la actividad de juego y apuestas en general ha generado una importante preocupación social, especialmente en familias con hijos menores de edad”.
Extensión del programa ‘Carmenta’ a 81 nuevos centros educativos
En otro orden de asuntos, el Gobierno regional ha sido informado de la extensión del Programa ‘Carmenta’ el próximo curso escolar a otros 81 centros educativos, triplicando así el número de alumnos y profesores que utilizarán materiales curriculares digitales en el aula.
Así, en el curso 2019-2020, el programa se desarrollará en un total de 161 centros educativos, con 659 unidades, lo que implicará que casi 12.200 escolares de Castilla-La Mancha de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º y 2º Educación Secundaria y sus docentes harán uso de tabletas digitales en lugar de libros de texto en determinadas asignaturas.
Para el pago de estas ayudas, y para la implantación en general de este programa, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha previsto un gasto de 1,5 millones de euros, que incluye la adquisición de las ‘tabletas’ de los alumnos y alumnas becados y de los profesores, así como los paneles interactivos que se instalan en las aulas.
Creación del Consejo Regional de Infancia y Familia
Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Decreto para la creación del Consejo Regional de Infancia y Familia de Castilla-La Mancha, inexistente hasta ahora en la región.
Se trata de órgano de participación, consultivo y asesor cuyo objetivo será promover la comunicación y coordinación entre las distintas administraciones públicas y las entidades que trabajan para favorecer la calidad de vida de nuestros niños y adolescentes y fomentar y articular su participación en las políticas públicas en materia de infancia y familia.
Como aspecto más novedoso, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha destacado la creación de una Mesa de Participación “para que todas las políticas impulsadas desde el Gobierno regional, y no sólo las sociales, tengan la mirada y la voz de la infancia”.
